Aunque la conversación relacionada con el potencial económico de una nueva generación móvil se ha centrado en la necesidad genuina de más y mejor espectro radioeléctrico, es fundamental observar aspectos esenciales como la estructura del mercado, el nivel de competencia que se tiene y la definición de políticas públicas para el despliegue de redes.
En opinión de Daniel Ríos Villa, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México, los procesos de licitación en países de América Latina como Chile y Brasil permiten ver que la multifactorialidad del desarrollo de 5G va mucho más allá de tener una licitación “con muchas bandas”.
“Tiene que ver con cómo nos preparamos para llegar a esa licitación y es todo el marco regulatorio y los esfuerzos que hacen tanto el regulador como la industria. Está relacionado con la estructura del mercado y las condiciones de competencia porque finalmente 5G no es una tecnología que se despliegue en el vacío, de alguna manera trae los cuellos de botella que vienen heredados de tecnologías anteriores”.
Al participar en el encuentro Big Players Map Day 2021, el ejecutivo expuso que en el caso brasileño se pudo observar muy bien que es un mercado balanceado, con al menos tres operadores con capacidad para poder invertir en un mercado no tan concentrado que genera apetito por las bandas puestas a disposición.
“También tiene que ver con el diseño de las licitaciones, se le dio mucha publicidad sobre de cuánto fueron las pujas pero realmente lo importante tiene que ver con las obligaciones de cobertura. Buena parte de esas pujas se pagan en obligaciones de cobertura”.
Para Ríos Villa, la capacidad que tengan los países para poder desarrollar los casos de uso para 5G y aprovechar los millones de dispositivos que van a estar conectados entre sí, son factores que sin duda determinarán el éxito de este ecosistema.
De acuerdo con estimaciones de GSMA, refirió, la adopción de 5G en América Latina permitirá un incremento del PIB regional de alrededor de 1.2 por ciento para el año 2026, un dato sumamente relevante si se considera el contexto económico actual.
“La verdadera revolución que esperamos es más de corte social a la hora de tener casos de uso que puedan impulsar temas como la salud y la educación. Esto lo vemos nosotros en dos etapas de inversión. Hay una etapa de inversión que es muy intensiva en Capex y tiene que ver con la redes, la fibra que pueda habilitar estas radiobases, el espectro y sus costos”.
Una segunda etapa, que va en paralelo y es igual de importante, tiene que ver con la demanda, casos de uso y el desarrollo de un ecosistema que realmente los aproveche; se trata de explorar el “para qué” de las nuevas redes que se estarán desplegando.
En su oportunidad, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, expuso que el problema sistémico que enfrenta México relacionado con el pago por el uso del espectro, bien se puede reconocer como una barrera artificial a la entrada de nuevos jugadores.
“Las licitaciones están representando entre el 8.0 y el 10 por ciento del valor total del pago por el espectro, lo que genera un problema porque las grandes empresas son las que están participando en los procesos de licitación, como AT&T y Telcel, pero se ha devuelto espectro”.
Y es que en la reciente licitación realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se quedaron desiertos 38 de 41 bloques puestos a disposición; incluso a pesar de que el órgano regulador definió un proceso pensado para incentivar el ánimo de pequeños operadores.
“Por más de tres años, el IFT ha dado a la SHCP la información técnica, con estudios y comparativos de mercado para demostrar que el costo total por el pago del espectro en México es muy elevado y que se convierte en una barrera artificial a la entrada de nuevos participantes, eso es un hecho absolutamente irrefutable”.
Recientemente el órgano regulador propuso al Senado de la República ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de quinta generación (5G), modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) e incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico.
“Lo que le decimos al Senado es que no hay una pérdida fiscal porque el espectro no se ha asignado. No puede perder lo que no tiene. Siempre hemos dicho que es mejor que la Secretaría de Hacienda se lleve el 60 por ciento de algo que el 100 por ciento de nada, y es lo que está pasando. Con esta licitación el Estado mexicano se está llevando el 100 por ciento de nada”.
C$T-GM