Cuotas fijas, excepción en países desarrollados.
En el umbral de un mundo hiperconectado, coinciden diversas voces, el espectro radioeléctrico es el símil de las vías ferroviarias del siglo XIX; el impacto económico y social de este insumo indispensable para la provisión de cualquier servicio inalámbrico, puede resumirse con un dato: Por cada aumento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha, el PIB de un país se incrementa 1.0 por ciento.
En México, el costo que los operadores pagan por el espectro radioeléctrico utilizado para proveer servicios móviles está integrado por el Valor Mínimo de Referencia (VMR) que pagan al obtener la concesión en la licitación correspondiente y los derechos federales que pagan anualmente por su uso, goce, aprovechamiento o explotación.
Los derechos anuales por el espectro, establecidos en la Ley Federal de Derechos (LFD), son fijados y aprobados por el Congreso, teniendo en cuenta la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que para el ejercicio fiscal 2021, fue enviada en septiembre pasado.
En el análisis de la iniciativa de modificación a la LFD, vale mencionar una referencia proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): en los países más desarrollados como Alemania, Italia, Suiza y Suecia, no se establecen cuotas fijas anuales por el uso del espectro o dichos montos son muy reducidos (incluso menores al 5.0 por ciento del valor total de las bandas de frecuencias correspondiente), con lo cual se permite que las licitaciones públicas sean las que determinen prácticamente el valor del espectro.
En este contexto, el órgano regulador envió a la SHCP en junio pasado una propuesta basada en un análisis que muestra la necesidad de corregir a la baja el actual esquema de derechos; sin embargo, lejos de haber sido considerada, la autoridad hacendaria generó un esquema de costos más distorsionado respecto del actual.
Así, la propuesta de modificación a la LFD para el ejercicio fiscal 2021 contempla incrementos de 48 por ciento en las bandas de 800 y 850 MHz, mantuvo sin cambios las bandas AWS, PCS y 2.5 GHz, y propuso valores de 186 por ciento mayores a los propuestos por el IFT para la de 600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz, que se prevén para prestar servicios de quinta generación y que actualmente no están tasadas en la ley.
Si bien la SHCP usó los datos del benchmark (comparativo internacional) de diversas licitaciones de bandas de frecuencias en más de 40 países, proporcionado por el IFT, dicha secretaría estableció 80.5 por ciento del valor total de cada banda corresponda al pago de derechos anuales, en lugar de utilizar la proporción de 30 por ciento del valor total, conforme a las mejores prácticas internacionales.
En el documento “Efectos y Alternativas de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021 en materia de Espectro Radioeléctrico”, el IFT señala que el costo del espectro en bandas IMT presenta una sobrevaluación promedio de casi 70 por ciento, con respecto al benchmark internacional y que la mayor proporción de esta sobrevaluación se debe a las cuotas de derechos vigentes.
“Es importante resaltar que las bandas de espectro para el despliegue de sistemas IMT asignadas en el país muestran en lo general una sobrevaluación con respecto a sus valores internacionales, si bien es cierto que las bandas de 800 MHz y 850 MHz son las únicas que presentan una subvaluación relativa respecto a la mediana del benchmark internacional”.
Incluso, de acuerdo con el Estudio sobre la valuación y determinación de derechos para bandas IMT en México, informe realizado para el IFT y publicado en diciembre de 2018, se observa que los datos para las bandas de 1900 MHz AWS y 2.5 GHz, los derechos anuales en México, sin tener en cuenta el costo inicial, son altos en comparación con el costo total del espectro en otros países, situación particularmente evidente cuando los resultados son ajustados por riqueza/precio.
Asignación, pieza clave de desarrollo de cara al futuro digital
De acuerdo con el reporte “Análisis de las recomendaciones de la UIT en América Latina”, publicado en junio pasado por 5G Americas, el avance de las nuevas tecnologías de servicios móviles ha sido posible por la habilitación de espectro por parte de los gobiernos y las grandes inversiones realizadas por los privados.
Aun así, los gobiernos de América Latina deben acelerar los procesos para definir hojas de ruta claras para poner el recurso radioeléctrico en manos de los operadores en los momentos oportunos de manera que puedan planear las inversiones de medio y largo plazo.
La industria móvil requiere de más espectro radioeléctrico en un escenario de crecimiento de las redes móviles LTE y la futura 5G, y requiere visibilidad para planear las inversiones requeridas para su despliegue. La viabilidad del ecosistema digital y las nuevas industrias necesitan de las frecuencias espectrales.
En su análisis, 5G Americas refiere que para mayo de 2020, el espectro asignado para servicios móviles entre los países de América Latina generó un promedio regional de 392.1 MHz. Tomando en cuenta la sugerencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para 2015 de 1,300 MHz, este nivel equivale al 30.2 por ciento de esa medida. Al compararla con la sugerencia para el escenario alto de 2020 de 1,960 MHz, alcanza sólo el 20 por ciento.
C$T-GM
