Los diversos problemas que enfrenta el despliegue de fibra óptica, tales como la necesidad de cuantiosas inversiones, las complejidades regulatorias y el alto costo del espectro, llegó la hora de que los jugadores de esta industria enfrenten el tema de una manera distinta, es decir, trabajar en conjunto para garantizar la mayor penetración posible, porque de ello depende el ejercicio de muchos derechos de la ciudadanía y la conectividad significativa.
Colaborar es la clave para que el despliegue de fibra óptica se traduzca en que los ciudadanos accedan a derechos tan elementales como el trabajo, la educación y la salud, entre otros muchos, y las empresas del sector deben dejar atrás el concepto de competencia pura, en el entendido de que “hay negocio para todos”, coincidieron especialistas.
Reunidos en el panel “Evolución y visión de la banda ancha: retos y desafíos para el sector de telecomunicaciones”, bajo la moderación de Guadalupe Michaca, directora general de ConsumoTIC, expertos de distintas compañías coincidieron en que más allá de reconocer los problemas ya sabidos y hasta sobre diagnosticados, es necesario afrontarlos desde un enfoque novedoso, más allá de la fuerte competencia que caracteriza a este sector.
Como parte de los trabajos de Fiber Connect Latam 2023, representantes de Izzi, AT&T México y GTAC, coincidieron durante el panel, en que los servicios 5G y banda ancha experimentan ya una explosión, mientras la demanda de consumo de datos crece exponencialmente y para atender estos temas, la fibra óptica será la columna vertebral.
Al respecto, Jorge José Millones Mallorca, director de operaciones de GTAC, repasó algunos de los desafíos que se enfrentan: en América Latina todavía hay 200 millones de personas sin conectar y, en México, el alto costo del espectro sigue siendo un gran problema, pues cubrirlo implica que las empresas destinen hasta el 14 por ciento de sus ingresos, mientras que en Europa, esta cifra sólo equivale al 5.0 por ciento.
Además, el conocido problema de las regulaciones diferenciadas genera retrasos y altos costos para las empresas en el despliegue de fibra óptica, por ello urge una ley para homologar todos los permisos, pagos y procedimientos a nivel nacional, que permita a las empresas “saber cuánto nos va a costar el despliegue en cada caso”.
Guadalupe Michaca destacó que precisamente el punto de acuerdo central de la industria parece ser la convicción de que “nadie se quede atrás en la conectividad”, si bien el tema para resolverlo “son los cómos” para lograrlo.
En ese sentido, Israel Madiedo, director de Innovación y Tecnología de Izzi, aseguró que esta es una industria muy competitiva, pero no puede perder de vista que, en conjunto, ofrece un beneficio social, porque a través de la conectividad que ofrecen tecnologías como la fibra óptica, se habilitan derechos de los ciudadanos como son la salud, la educación, el trabajo, el esparcimiento y otros muchos.
Por eso, respondiendo al cuestionamiento de “los cómos”, es importante la colaboración de todos los jugadores de la industria, con un “gasto inteligente, ordenado y conjunto, con redes neutras y compartidas, entendiendo que hay negocio para todos”.
Este trabajo conjunto debe incluir a fabricantes, reguladores, operadores e inversionistas en esquemas de colaboración con el propio gobierno, para facilitar el despliegue, sin olvidar criterios que ayudarían mucho como las redes neutras y la compartición de infraestructura.
Sobre este particular, Carlos Torrealba, AVP de Operación y Transformación de AT&T México, destacó que en este momento, marcado por la creciente demanda de datos por parte de los usuarios, es verdad que el mercado empuja a las empresas a escalar con mucha inversión para dar conectividad a las personas.
Sin embargo, el sólo hecho de estar conectados ya no es suficiente. Ahora se tiene que pensar en la conectividad significativa para las personas y sobre todo en su inclusión, hacia los derechos que se pueden ejercer desde el mundo digital, los cuales se relacionan con la vida cotidiana de las personas y su calidad de vida en diversas áreas y aspectos.
Es evidente, dijo, que se deben atender problemas bien conocidos, como las dificultades regulatorias que enfrenta el despliegue de fibra; los altísimos costos del espectro y la simplificación de trámites, pues hoy en día los tiempos para desarrollar proyectos “son una caja negra”.
Se requiere transparencia también respecto a los costos y por ello, son necesarias políticas públicas pensadas desde la lógica de que la ciudadanía obtendrá los mejores beneficios de una mayor conectividad e inclusión.
De acuerdo con un reciente estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Cet.La, lograr que para 2030 prácticamente toda la población de América Latina y el Caribe esté cubierta por una red de banda ancha, y que al menos 80 por ciento sea a través de una última generación como 5G, requiere destinar en promedio poco más de 31 dólares per cápita al año, es decir, un esfuerzo de inversión superior a los 125 mil millones de dólares.
De hecho, la meta ideal sería que en los próximos siete años, la región cuente con una cobertura 4G en un 98 por ciento (99 por ciento incluyendo la tecnología satelital), mientras que con tecnología 5G y de FTTH representaría, respectivamente 81 por ciento y 65 por ciento de personas y hogares pasados.
C$T-GM
