Reconoce que el amparo interpuesto contra la SCT aún no es admitido
El consorcio Rivada Networks solicitará la suspensión de los actos que llevarán al consorcio Altán a formalizar la adjudicación de la Red Compartida, como es la firma del contrato de Asociación Público Privada (APP), una vez que se dirima el conflicto de competencia suscitado entre una jueza administrativa y una especializada, informó el representante legal de la firma Julián Domínguez.
“Ejerceremos nuestro derecho a solicitar la suspensión, no del fallo final de la Red Compartida, porque es un acto consumado, pero si contra sus efectos y consecuencias; aún hay actos necesarios para la formalización del contrato y esos efectos y consecuencias pueden ser materia de la suspensión en el juicio de amparo”.
Entrevistado fuera de las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el abogado explicó que Rivada evalúa los medios legales a su alcance, y sigue en proceso una demanda de amparo presentada ante el Poder Judicial de la Federación.
“Este 17 de noviembre un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre una jueza administrativa y una especializada, se tendrá que resolver en los próximos días y deberán pronunciarse”.
Sostuvo que Rivada tomó previsiones en tiempo y forma sobre la entrega de la garantía de seriedad fuera de la fecha establecida, ya que informó a la SCT, aduciendo “una causa técnica de fuerza mayor”, que estaba imposibilitada a presentarla junto con la Oferta Técnica, derivado de la opinión de competencia económica emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“El IFT emitió su opinión en términos del calendario, tres días antes de la fecha prevista para la apertura de la oferta técnica y en función de lo que el instituto determinó del consorcio Rivada, era imposible obtener de una institución financiera una garantía de seriedad, cuando teníamos que reestructurar nuestra propuesta”.
Precisó que la garantía esta exhibida en el expediente de la sesión del 4 de noviembre pasado, donde consta que cumple con todos los requisitos de las bases; parte de la impugnación de Rivada, tiene que ver con que no se haya atendido esa situación, es parte del reclamo que esta en el poder Judicial de la Federación.
“Es un elemento que deberá valorar el poder judicial, porque en términos de la Asociación Pública Privada la autoridad está obligada a valorar en términos de mayor flexibilidad el incumplimiento de ciertos requisitos, lo establece claramente el artículo 52 de la Ley, eso lo inobservó la autoridad”.
Por otra parte denunció que sin ser notificados de su descalificación como concursantes en el proceso de adjudicación de la Red Compartida personal de la SCT les impidió el acceso al acto donde se daría a conocer el fallo final del proceso de adjudicación.
“Estuvimos presentes para asistir a la junta, en ejercicio del derecho que nos otorgan las bases como concursantes, desafortunadamente fuimos víctimas de una irregularidad más en el procedimiento, personal que se ostentó como servidor público adscrito a la SCT nos impidió el acceso al evento lo cual es ilegal toda vez que no hemos perdido, o no habíamos perdido antes del fallo, nuestro carácter de concursantes”.
El representante legal argumentó que el 4 de noviembre a consorcio Rivada le fue notificado que hubo una insolvencia técnica, “pero no fuimos notificados formalmente de la descalificación, ni mucho menos que tendríamos vedado el acceso a la reunión”.
“Es una irregularidad más, un acto arbitrario, porque no había mandamiento escrito por autoridad competente que fundara y motivara esa determinación. Eso se suma al resto de las irregularidades que hemos venido impugnando por la vía de juicio de amparo indirecto… ejerceremos nuestro derecho para remediar esta situación”, concluyó.
C$T-EVP
