La Estrategia Digital Nacional (EDN), publicada por la coordinación a cargo de Emiliano Calderón, no aborda la política de inclusión digital universal que ordena la Constitución, por lo que persiste la ausencia de rumbo, objetivos y recursos destinados a la digitalización de México en un contexto en el cual la conectividad dejó de ser opcional.
La EDN, detalló Michel Hernández, director general de Observatel, es un documento enfocado en una política parcial de digitalización del sector público que contempla cinco principios base: Austeridad, combate a la corrupción, eficiencia en los procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica.
“Es una política parcial de digitalización del sector público pero aún así debería tener metas anuales y objetivos claramente definidos en cuanto a qué es lo que se va a lograr en el periodo de esta administración. No integra plazos, recursos, ni cómo se van a asignar”.
Aun tratándose de una estrategia digital enfocada a atender los planteamientos tecnológicos base para la Administración Pública Federal, la mejora de los servicios digitales y la optimización de los procesos, carece del diagnóstico necesario para materializar cualquier objetivo.
“Desde mi perspectiva, esta estrategia no es la política de inclusión digital universal que ordena la Constitución, y no lo es porque esta administración decidió separar, y que fuera la SCT la encargada de llevarla. Ahora que ya no hay subsecretaría de Comunicaciones, la subsecretaría de Transporte es la responsable de hacerlo”.
Michel Hernández explicó que si bien el Acuerdo por el que se expide la EDN 2021-2024, menciona el artículo 6 de la Constitución, lo hace como referencia al derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pero no menciona el apartado B Fracción primera que habla de la política de inclusión digital universal.
“Aun más. Esa política está claramente detallada en el décimo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional del 2013, el cual ni siquiera se menciona en este documento. Ese artículo ofrece algunas líneas orientativas sobre lo que debe contener una política de inclusión”.
El texto emitido por la coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República tampoco refiere cómo en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se define la política de inclusión digital universal.
“Estamos en las mismas, incluso peor, porque este documento lo único que confirma es que no hay realmente una dirección. Esta política, que no es integral, podría estar bien armada para que desde el sector público se acercara a la sociedad al proceso de digitalización, pero no lo hace. Lo que sí hace es confirmar que no hay rumbo en materia de digitalización en esta administración”.
De acuerdo con la nueva estructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, depende de la Subsecretaría de Transportes, en la que recaen las responsabilidades de la extinta Subsecretaría de Comunicaciones.
“Esa subsecretaría de Comunicaciones tuvo que haber permanecido por lo menos para hacer la política de inclusión digital universal, ahora que ya no existe, lo que sí podemos identificar es un responsable que es la Subsecretaría de Transporte de la que depende la coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.
Sin embargo, dicha subsecretaría, al mando de Carlos Alfonso Morán Moguel, ha brillado por su ausencia en materia de conectividad, digitalización, y en general ha estado al margen del mandato constitucional sobre inclusión digital.
Otro elemento de preocupación, expuso el director de Observatel, es el marcado enfoque de austeridad que el documento contiene, pues es bien sabido que superar los desafíos que representa la brecha digital se superan con inversión.
“Ante la ausencia de acción por parte del gobierno, sí ha faltado mucha más coordinación del lado de la academia, de la sociedad civil y de las empresas. No se han encontrado de este lado los cauces para juntar esfuerzos y mandar un mensaje más fuerte.”.
Sin embargo, abundó, nunca es tarde para tener un esfuerzo coordinado que incluya o no al gobierno federal pero que sí empiece a dar rumbo al país a partir de reunir los esfuerzos que diversos estados ya realizan para impulsar sus propios procesos de digitalización.
“A pesar de que ya estamos a mitad de la administración todavía faltan tres años, y no podemos resignarnos a vivir el resto del sexenio sin rumbo en materia de digitalización. Desde Observatel seguiremos insistiendo en que no podemos darnos el lujo como país de seguir sin un rumbo al más alto nivel”.
México se encuentra a la saga de las recomendaciones internacionales que señalan que en los esfuerzos de digitalización nacional deben estar involucradas las autoridades al más alto nivel; incluso, hay países donde el propio presidente lidera los procesos de transformación digital.
“Es necesario tener un rumbo definido. Viene el periodo de presupuesto y cualquier esfuerzo de digitalización sin dinero será muy difícil de materializar para seguir el paso de la transformación que se vive”.
C$T-GM