Los recientes hackeos en aplicaciones de mensajería que han afectado a personajes de la política nacional ponen el foco de nuevo en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual de acuerdo con expertos de la organización R3D obligaría a las víctimas a probar su inocencia ante el robo de identidad u otros ciberataques.
Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó que en las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) por las que se crea el PANAUT hay una disposición donde se presume que los actos jurídicos realizados desde un número telefónico corresponden a la persona que aparece en el registro.
“En este caso, por más que Mario Delgado dijera que no es él, para efectos del PANAUT, si estuviera ya en vigor, se entendería que él hizo esas llamadas y esos fraudes, y esas llamadas de extorsión, y él tendría que probar su propia inocencia”.
Si bien existe una revisión a las disposiciones constitucionales sobre presunción de inocencia, afirmó que la realidad es que se genera esa presunción que puede afectar severamente a personas inocentes.
Recientemente, Mario Delgado, dirigente nacional del partido Morena y quien fue autor de la iniciativa que dio origen al PANAUT, a través de Twitter, alertó a sus contactos que no podía entrar a su cuenta de WhatsApp y que estafadores estaban llamando y mandando mensajes para pedir dinero a su nombre.
“Es justamente una de las cosas que hemos dicho consistentemente: es relativamente sencillo suplantar un número telefónico, de varias maneras”, explicó al participar de manera remota en la presentación de la edición número 13 de la Revista Caja de Cristal, órgano de difusión del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco.
García Muñoz cuestionó que con este registro se pretenda revertir delitos como la extorsión o el secuestro -y que es uno de los argumentos fuertes que han presentado la autoridades-, cuando en México existe una presencia importante de organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con mayor capacidad tecnológica y múltiples herramientas para poder eludir el padrón.
“Hay infinidad de técnicas que pueden ser utilizadas por la delincuencia para hacer llamadas y mensajes que no puedan ser asociados a su identidad, pero que incluso puedan ser asociados a la identidad de otra persona”.
Además de Mario Delgado, entre otros personajes de la política que han denunciado públicamente hackeos a sus cuentas se encuentran la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Margarita Zavala; Claudia Anaya, ex candidata a la gubernatura de Zacatecas.
Asimismo, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, y Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.
El 17 de abril de 2020 entró en vigor el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y crea el PANAUT, el cual deberá incluir datos biométricos de los titulares de las líneas telefónicas móviles.
Existen en México alrededor de 126 millones de líneas móviles, cuyos titulares tendrían que registrar la tarjeta SIM en el PANAUT o de lo contrario se les cancelaría el servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.
Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se le atribuyó la obligación de instalar, operar, regular y mantener el padrón; sin embargo, en junio del año pasado, tras promover una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió una suspensión, ante la inminente afectación presupuestaria que pondría en peligro su autonomía constitucional.
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