Si bien los esfuerzos de algunos países de América Latina han comprobado la utilidad de sistemas con Inteligencia Artificial (IA) para la resolución de casos judiciales, agilizando los tiempos y aportando mayor transparencia en los procesos, su aplicación en la justicia digital en México aún deberá superar desafíos tanto legales como éticos.
“Es necesario que desde el Congreso de la Unión se generen los incentivos para apoyar la justicia digital y el uso de la IA. Por ejemplo, a partir de destinar presupuesto a esta labor y generar las reformas legislativas necesarias”, destaca el documento “Inteligencia Artificial y su aplicación en los sistemas de justicia en América Latina”.
En el texto elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado se reconoce que el avance tecnológico ha hecho posible el uso de la IA para la resolución de casos complejos y revisa los casos, de Argentina y Colombia, así como algunos proyectos en México en los que se ha aplicado.
“En México, como consecuencia de la pandemia, se volvió visible la necesidad de la justicia digital. Y si bien, algunos poderes judiciales estatales ya contaban con expedientes electrónicos, otros tuvieron que iniciar con este proceso. Y son menos, los que cuentan con una plataforma en la que se puedan presentar demandas”.
Las herramientas del Sistema Experto Jurídico (SEJ) tratan de emular la toma de decisiones de un experto humano y ha demostrado mejoras significativas en la eficiencia, pero también plantean retos éticos relacionados con estereotipos, estigmas, exclusión social y cultural, de ahí la importancia de contar con principios sobre el uso de la IA en sistemas judiciales y su entorno.
“Independientemente de las ventajas comparativas de la IA en la optimización de los procesos en sede judicial y la eliminación de cargas innecesarias para sus operadores, al ser éste un campo emergente, se pueden anticipar múltiples desafíos éticos”.
Como ejemplo, refiere que en Estados Unidos ciertos programas de predicción sobre la reincidencia delictiva se basan en códigos fuente que toman en consideración distinciones de raza, género y otras, que fueron investigadas por la agencia independiente ProPública.
“ProPública detectó una mayor tasa de predicción de reincidencia en delincuentes afroamericanos y una mayor cantidad de predicción de reincidencia errónea en este grupo de delincuentes, ello en comparación, con los resultados obtenidos en el grupo de delincuentes de personas caucásicas”.
Prometea, que empezó a funcionar en el 2017, es un modelo de SEJ, que consiste en un software para preparar dictámenes judiciales basándose en casos análogos, de los que ya existen precedentes reiterados; fue creado en conjunto entre la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y expertos en Inteligencia Artificial (IA)
En este caso, refiere el documento, la eficiencia en la elaboración de dictámenes ha sido mayor al 200 por ciento, reflejada en el tiempo necesario para llegar a generar un dictamen, que pasó de hasta tres meses a un máximo de cinco días.
En Colombia, PretorIA se creó para optimizar el proceso de selección de casos de tutela en la Corte Constitucional, inició su fase de implementación en el 2020 y cuenta con cuatro funcionalidades básicas: Detección inteligente, para la predicción de criterios; Buscador; Estadísticas dinámicas sobre el comportamiento de los criterios, y Apoyo al usuario.
Ese sistema puede elaborar resúmenes sobre miles de sentencias en pocos segundos, con una tasa de acierto de más de 95 por ciento en 13 criterios establecidos por la Corte Constitucional; otra es la transparencia en los procesos de selección y de priorización de casos analizados.
En el caso de México, aunque no existe actualmente ningún procedimiento con IA en el sistema de justicia, existe evidencia de que se han desarrollado al menos tres proyectos relacionados con estos sistemas: Justiniano, Expertius y Sistema Experto de Sentencias.
Justiniano, creado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un prototipo para determinar derechos humanos vulnerados; y Expertius, creado por el Departamento de Inteligencia Artificial aplicada al Derecho del mismo instituto, es utilizado para apoyar la toma de decisiones judiciales en los procesos relacionados a pensiones alimenticias.
En tanto, el Sistema Experto de Sentencias (SES) fue un prototipo desarrollado por María del Socorro Téllez Silva en su tesis doctoral “Una aproximación a la representación del conocimiento legal en computadora asistido por inferencias difusas”, en el año 2000, enfocado en emitir sentencias en materia de juicios de divorcio necesario, patria potestad y alimento.
No obstante, recalca que organizaciones internacionales han realizado trabajos para explorar las implicaciones del uso de la IA en los sistemas de justicia y los principios que deben considerarse para ello.
La Carta Ética Europea adoptada por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) en 2018 en Estrasburgo establece cinco principios: Respeto por los derechos fundamentales; no discriminación; calidad y seguridad; transparencia, imparcialidad y justicia; y el Principio «bajo control del usuario».
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