Ante la imperiosa necesidad de proteger la identidad digital o identidad 2.0, que permite a las grandes plataformas conocer más de los usuarios que ellos mismos, regiones como Centroamérica deben actualizar sus políticas públicas al nuevo entorno y a las necesidades que supone una mayor utilización de tecnologías y personas conectadas.
El no hacerlo afectaría los derechos de la ciudadanía y el atractivo económico, además de la inversión extranjera, al ser Estados sin seguridad jurídica en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), advierte la organización IPANDETEC Centroamérica, que promueve el uso y regulación de las TIC y la defensa de los Derechos Humanos.
“Dentro de los urgentes cambios en políticas públicas está la necesidad de impulsar proyectos de ley que protejan los datos personales y la ciudadanía digital de los centroamericanos”, destaca el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC).
La identidad digital, refiere, es el conjunto de datos disponibles de forma electrónica que incluye información bancaria y personal dispersa en estadísticas, imágenes, noticias y redes sociales, misma que puede quedar en manos equivocadas con una sola filtración.
En su investigación “Caretas Digitales, Identidad Digital en el centro de América”, el IPANDETEC sugiere como punto inicial que los gobiernos centroamericanos adapten a sus necesidades mecanismos internacionales como el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea, aplicado a los ciudadanos europeos en cualquier parte del mundo.
En este sentido, considera necesario discutir la creación de entidades especializadas en protección de datos personales en los países en los que no existan, dotarlas de autonomía, personal calificado y expertos en la materia, con facultades coercitivas y un presupuesto independiente que permitan el ejercicio de sus funciones.
Para alcanzar este propósito, recuerda que cualquier política pública debe ser analizada a través de consultas multisectoriales con la academia, el sector técnico y la sociedad civil incluidas.
El estudio de IPANDETEC enfatiza que deben agregarse los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición (ARCO), además de discutir el derecho de portabilidad, el derecho al olvido y la extraterritorialidad que proteja al ciudadano centroamericano en cualquier territorio.
“Los Estados centroamericanos deben analizar la opción de adherirse a convenios internacionales que les permita adecuar sus políticas públicas al mismo nivel que otros bloques regionales, lo que permitirá una uniformidad en sus políticas de manejo de datos personales y sensibles, junto a una clara política de flujo de transfronterizo de datos”, recomienda.
Asimismo, califica como vital examinar factores como la población, su comportamiento, el acceso a internet, así como la cantidad de dispositivos que pueden acceder a la tecnología, el desarrollo de una estrategia de comunicación que impulse confianza en la población basada en datos.
“Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de personas en un país, se ha demostrado el porcentaje de ciudadanos que deben utilizar activamente la tecnología para su éxito, de lo contrario una débil y malograda implementación puede suponer el fracaso y pérdida de inversión en la implementación de sistemas de identidad digital”, sostiene.
Aunque el reporte aborda los aspectos legales e institucionales de los sistemas de identidad digital de tres países de Centroamérica: Costa Rica, Guatemala y Panamá, países que cuentan o han contado con aplicaciones que permitan el autodiagnóstico, la trazabilidad y la alerta temprana, pueden reflejar una situación que se replica en toda la región, puntualiza la publicación.
C$T-GM
