La estrecha relación comercial y económica que México sostiene con Estados Unidos y Canadá a través de un tratado de libre comercio (T-MEC), debe ser aprovechada para estructurar una Agencia Nacional de Ciberseguridad que coordine en lo doméstico y a nivel regional, todos los esfuerzos que se realicen para combatir de manera mucho más eficiente y rápida a la delincuencia cibernética.
Una estrategia regional impulsada por México y sus socios comerciales podría definir de mejor manera la protección a los millones de usuarios de plataformas digitales que hay en la región, y daría a las autoridades herramientas para aplicar sanciones más pertinentes en contra de culpables que comentan delitos con el uso de las tecnologías de la información, sin duda eso daría mayor certeza jurídica a ciudadanos y autoridades.
“Compartimos valores con Estados Unidos compartimos valores con Canadá, además de un enorme tratado comercial , y la gran innovación del T-MEC fue el capitulo 19 del comercio digital, donde uno de los elementos fundamentales, además de la protección de datos personales, es la cooperación en materia de ciberseguridad… es momento de profundizarse”, puntualizo Mario de la Cruz Sarabia, Director Senior de Asuntos Gubernamentales de CISCO para América Latina.
Al participar en el foro “La población usuaria y las Audiencias a 10 años de la creación del IFT”, el directivo habló de la importancia de analizar los temas de seguridad digital con una visión global, pero también aplicar políticas y estrategias mucho más regionales, pues las necesidades en ciberseguridad de Europa y otras partes del mundo, son distintas a las que se requiere en América.
Es momento de trazar un mapa de ruta para marcar una taxonomía común para toda la ciberseguridad, de compartir bancos de información, de crear un programa trilateral de desarrollo de capacidades en ciberseguridad, de unificar las merjores prácticas globales en las empresas y crear un foro trilateral en materia de ciberseguridad, para armonizar políticas y estrategias en el combate a este tipo de delitos digitales.
De la Cruz Sarabia destacó que al estar en manos de la Iniciativa Privada 80 por ciento de las instituciones críticas es obligado que el combate a la ciberdelincuencia se haga a partir de una coordinación transversal, donde se involucren gobierno, empresas y la sociedad, y se generen acciones más certeras contra las amenazas digitales para edificar una economía tecnológica sana.
Jesús Borrego Álvarez, Titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, detalló que en lo que va de la presente administración las acciones para perseguir delitos en el ámbito digital, se han concretado más de 91 aprehensiones por delitos de pornografía infantil, 82 menores de edad rescatadas, se han interpuesto alrededor de 320 denuncias ministeriales y obtenido 38 sentencias, con el apoyo de las unidades cibernéticas estatales.
Además de recibir alertas cibernéticas de diversas entidades internacionales, además de contarse ahora con una estructura de protección de infraestructura física de información crítica, en la que participan empresas privadas al ser poseedoras del 80 por ciento de unidades críticas.
Al participar en el panel «Seguridad Digital, esfuerzos alcanzados por las instituciones de nuestro país en los últimos años y nuevos retos», habló de la participación ciudadana en más 340 mil actividades, 30 millones de visualizaciones en redes sociales, la transmisión de 778 eventos en línea, para destacar en todas estas tareas información relevante que ayude a evitar fraudes y delitos que se comenten en el ámbito digital.
También abordó los casos de cooperación que con otras instituciones en temporadas comerciales altas como El Buen Fin, periodo en el cual los internautas incrementan su actividad y uso de las plataformas digitales para realizar un número muy importate de transacciones y cuando es oportuno generar acciones para prevenir y combatir los fraudes electrónicos.
“Debemos de tomar en cuenta que las plataformas de los prestadores de servicios digitales no tienen una regulación específica para atender determinados delitos, entonces yo creo que podemos orientar esfuerzos en ese sentido”, indicó Borrego Álvarez.
En un mediano plazo, indicó, se debería crear una Escuela de ciberseguridad en el país, igual que se han estructurado instituciones educativas especializadas, pues en el país se tiene un rezago importante en la formación de capital humano en materia de seguridad informática.
Cinthia Gabriela Solis Arredondo, Consejera del Consejo Consultivo del IFT, destacó que si bien es cierto que con una Ley Federal de Ciberseguridad se darán atribuciones jurídicas a una figura encargada de atender delitos cibernéticos, se debe considerar que cada institución que esté involucrada en las tecnologías de la información sea parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad respetando las facultades y brindándole los recursos necesarios para su operación.
“Si tenemos una Agencia Nacional de Ciberseguridad, pues obviamente esto requiere entre las múltiples actividades que están contempladas en la iniciativa, pues va a requerir un presupuesto y desgraciadamente vemos que en diciembre del 2022 redujeron más de 3 mil millones de pesos en el presupuesto a la administración pública federal en materia de ciberseguridad”, concluyó.
En el panel los expertos en ciberseguridad coincidieron en que la protección de datos es un derecho humano y que la educación, promoción y cultura del uso correcto y responsable del manejo de las tecnologías de la información, debe llegar a la población en general, ya que todo dispositivo que utilice internet esta en riesgo de ser atacado por la delincuencia cibernética.
C$T-EVP