Imprescindible impulsar un mayor acceso de la población a las TIC.
El cierre de juzgados derivado de la contingencia por la pandemia del Covid-19 generó el debate sobre la necesidad de realizar procesos jurídicos en forma digital, a fin de no detener la impartición de justicia, y aunque se advierten algunos avances el camino aún es largo, tanto en el ámbito jurídico, como para los propios ciudadanos que deben elevar su conocimiento en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Aunque es posible identificar diferentes grados de avance, en comparación con el contexto internacional, es claro que tener un mayor acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte de la población, así como incrementar la cultura en temas jurídicos, son pasos clave para que este tipo de iniciativas sean funcionales.
“Los avances tecnológicos previos en la materia son un punto importante de partida tanto en el caso mexicano como en las experiencias internacionales a fin de lograr los beneficios de una justicia digital”, señala Juan Pablo Aguirre Quezada, autor del texto “Justicia digital: propuestas de innovación”.
En el documento publicado por el Instituto Belisario Domínguez, se destaca que una de las realidades que se puede apreciar en la situación actual de la impartición de justicia por los Poderes Judiciales es la importante brecha digital, prevaleciente en el país, la cual evidencia un bajo nivel del uso de las TIC parte de los operadores del sistema de justicia, tanto del ámbito federal como en las entidades federativas.
Entre las ventajas que ofrece la digitalización legal se encuentra la de integrar, vertical u horizontalmente, áreas e instituciones responsables de la ejecución de procesos; incremento de la transparencia y rendición de cuentas; acceso universal; posibilidad de prestar servicio a determinados colectivos, tradicionalmente excluidos (inmigrantes, personas con bajo nivel cultural, discapacitados, etnias, etcétera).
“Por tanto, en el caso mexicano, las innovaciones que se puedan realizar en materia de justicia a través de las TIC pueden generar nuevas áreas de oportunidad, aunque también desafíos a resolver, características propias de una importante reforma al sistema legal nacional”, señala Aguirre Quezada.
En la LXIV Legislatura se presentaron diversas iniciativas relacionadas con la justicia digital y que exigiría reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a la trascendencia de las modificaciones en materia de procuración, que se deberán realizar en caso de ser aprobadas.
En marzo pasado, se aprobó en el Senado de la República y se turnó a la cámara baja, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impartición de justicia digital.
Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente, el Poder Judicial de la Federación, y las instancias correspondientes en el resto de las entidades federativas, implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital, mediante el uso de las TIC.
Al analizar el contexto internacional, el investigador del instituto refiere casos como el de Colombia donde el Poder Judicial buscó avanzar los procesos para el cumplimiento de las leyes mediante el uso de las tecnologías de la información.
En ese sentido, se está trabajando actualmente en un plan que permita generar este cambio mediante cinco ejes principales: “implementar el modelo del expediente electrónico, la justicia en red, mejorar la gestión de la información, encauzar las fuerzas del cambio y usar las TIC para la formación judicial y ciudadana”.
Es decir, se realizará un proyecto que eventualmente permita la operación del sistema de justicia vía digital y, en esta institución, se busca conducir los procesos judiciales a un nivel de mayor eficacia y transparencia que faciliten el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.
En Europa, añade Aguirre Quezada, también hay casos que mencionar como el de España, donde se llevó a cabo un proceso de transformación digital de la justicia mediante la aplicación de un portal electrónico denominado Lexnet.
Esta herramienta, operado por la Administración de Justicia, genera la información de los órganos judiciales y las y los abogados, con beneficios tales como “el intercambio seguro de información; uso de firma electrónica reconocida; acceso vía web; funcionamiento 24×7; ahorro de papel; e inmediatez en las comunicaciones”.
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