Uruguay, el país más avanzado de la región.
A dos décadas de trabajo en materia de gobierno digital, los países de América Latina aún enfrentan desafíos como el de completar la digitalización de los trámites públicos, así como mejorar la interacción entre gobernantes y ciudadanos y lograr un mayor involucramiento del ecosistema digital para aprovechar tecnologías como la Inteligencia Artificial, Big data y Blockchain entre otras.
Hace 20 años, refiere María Isabel Mejía, Ejecutiva Senior de la dirección digital del Estado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las estrategias se enfocaron principalmente en construir páginas web de entidades estatales, más tarde incorporaron sitios interactivos de información, peticiones y reclamos, y luego fueron dirigiendo esfuerzos en digitalizar trámites y servicios como renovación de licencias, pago de impuestos, entre otros.
“El país más avanzado en gobierno digital de la región es Uruguay. Ya logró digitalizar 96 o 98 por ciento de sus trámites, no es el 100 por ciento porque aparecen nuevos, pero otros países están mucho más atrasados en esa labor, o sea que el principal reto es acabar de digitalizar esos trámites”, precisó la especialista.
Cuando en la región comenzó a hablarse de gobierno digital, es decir, de la posibilidad de que las autoridades aprovecharan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para interactuar con los ciudadanos y empresas, se diseñaron trámites y servicios digitales que no tomaron en cuenta las necesidades reales de los usuarios.
Por ello, mejorar la interacción y lograr una experiencia satisfactoria para los ciudadanos es una tarea que debe sumarse al objetivo de tener una integración de trámites y servicios, pues no es extraño ver que es tal la cantidad de sitios web que su gobierno pone a su disposición, que no sabe a cuál ingresar y qué problemática o asunto puede resolver.
“En lo otro que hay que trabajar es en promover el uso de esos servicios digitales, muchas veces existen trámites que ya se pueden hacer digitales y los ciudadanos no saben y siguen haciendo filas en las entidades, el gran reto es masificar el uso por parte de ciudadanos y empresas”.
A lo largo de los años, expuso la especialista, los gobiernos de América Latina han enfrentado un problema que el sector privado no padece en la misma dimensión: la ausencia de talento especializado que contribuya a desarrollar las estrategias de gobierno digital con base en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, Big data, Analítica y Blockchain.
En la era digital, los datos son un activo valioso que requiere un trabajo de colaboración entre el Estado y el ecosistema digital con base en el impulso de la cultura de la innovación, la experimentación tecnológica y el involucramiento de la ciudadanía.
“Qué maravilla es que al diseñar un servicio digital se tenga en cuenta al ciudadano que es el que va a usar ese servicio, ahora se promueve que haya laboratorios de innovación ciudadana, donde se invite a los ciudadanos a diseñar esos servicios para que la experiencia del usuario sea satisfactoria”.
El sector de las pequeñas empresas y startups representa grandes oportunidades para los gobiernos, pues poseen talento especializado en analítica de datos, diseño de interfaz de usuario, metodologías de desarrollo ágiles y desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial y Blockchain.
En este contexto, expuso María Isabel Mejía, la principal recomendación para los gobiernos de la región es que no trabajen solos, que involucren a los ciudadanos, sumen el talento y conocimiento del ecosistema digital, y que apuesten por la cultura de la innovación.
En América Latina los gobiernos enfrentan problemas estructurales complejos como la movilidad en las grandes ciudades, la seguridad pública e incluso la deserción escolar, que se suman a los retos que representa la Cuarta Revolución Industrial; sin embargo, este momento de transformación digital también trae oportunidades que deben aprovecharse.
“Hoy tenemos datos, datos y más datos… ya no son sólo esas bases estructuradas que tenían las entidades públicas, sino datos sobre lo que la gente busca en internet, compra, cómo se mueve y también tenemos tecnologías que ayudan a hacer análisis para entenderlos y resolver problemáticas”.
Si el sector público se apoya en las tecnologías que ayudan, por ejemplo, al sector privado a diseñar mejores servicios y a hacer recomendaciones con base en gustos y necesidades, los gobiernos estarán en condiciones de elaborar políticas públicas más eficientes y a tener un mejor manejo de recursos tanto humanos como económicos.
“Se ha hablado del impacto de la Cuarta Revolución Industrial en el empleo general, y hay dos tendencias. Hay estudios que dicen que se van a perder muchos empleos porque van a ser reemplazados por la Inteligencia Artificial (IA), pero hay otros que dicen, que no serán empleos los que se perderán sino tareas que se reemplazarán… Lo cierto es que el empleo en el sector público sí se va a ver impactado”.
Un reciente estudio de CAF muestra que los países de la región no han desarrollado estrategias y políticas públicas para mitigar el impacto que pueda tener la revolución tecnológica en el empleo público, por lo que el llamado es a definir líneas de acción para mejorar y crear habilidades digitales entre los servidores públicos.
“Con la estrategia de innovación digital del Estado, CAF busca apoyar a los gobiernos de la región para que a través de la inteligencia de los datos y de las nuevas tecnologías se vuelvan Estados más ágiles, cercanos a los ciudadanos, más participativos, donde se presten mejores servicios. Buscamos ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con mejores servicios, a tomar decisiones apoyadas en los datos y nuevas tecnologías”.
C$T-GM