El crecimiento del comercio electrónico en América Latina y el Caribe es imparable, pero los fraudes bancarios registran un ritmo de crecimiento similar, por lo que las instituciones de la banca enfrentan un complejo escenario en el que para algunos expertos es esencial redefinir el concepto de fraude, además de priorizar acciones para atender los cambios tecnológicos y gestionar los riesgos.
“América Latina es la región donde el comercio electrónico está creciendo más rápido en el mundo, casi a un 30 por ciento por año, pero a la vez, casi a la misma tasa está creciendo el fraude en el mundo digital”, precisó Miguel Porrúa, Coordinador de Gobierno Digital y Datos en la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al dar la bienvenida al panel “Uso de la tecnología para controlar el fraude bancario en América Latina y el Caribe” advirtió del panorama complejo para proteger a los usuarios de atacantes, en especial porque de acuerdo con el último estudio de la OEA y el BID, en el 2020 sólo 13 de 32 países contaban con una política de ciberseguridad.
Juan Pablo Rodríguez, presidente RICS Management, planteó redefinir qué significa fraude, porque aunque se habla mucho de este concepto, poco se dedica a definiciones técnicas; “todos los códigos penales de la región hablan de fraudes, pero no necesariamente el fraude es un delito”, y es más común utilizar esa palabra en países de habla inglesa, en comparación con la de estafa.
“Hemos sido hijos de una teoría muy importante de la Asociación De Examinadores Certificados De Fraude (ACFE) de Estados Unidos, que se llama la Teoría del árbol del fraude, bajo la cual confluyen tres ramas muy importantes: el fraude de la corrupción, los estados financieros fraudulentos y el ciberdelito, pero esto no necesariamente coincide con las denominaciones de los códigos penales del mundo”.
Como ejemplo, refirió que en Colombia no hay una denominación jurídica que coincida con fraude, pero la palabra se usa para conductas delictivas; en Guatemala sí se utiliza la expresión, pero una norma anticorrupción; mientras que el Código Penal de Paraguay no tiene ninguna referencia sobre el fraude.
Por otro lado, recalcó que en el debate se debe incluir a los actores que son contraparte del sector bancario, para que además de las organizaciones fiduciarias, aseguradoras o bursátiles, se incorporen las compañías de telecomunicaciones, sistemas de pago de bajo valor o las plataformas que unen los market place.
Daniel Augusto Monzón, Inspector de Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, expuso que han registrado un aumento de fraudes relacionados principalmente con la aprobación de cuentas, clonación de tarjetas de crédito, así como identidades falsas o ficticias.
“Detectamos identidades sintéticas, las cuales se componen con información personal real o falsa, se están volviendo más comunes, son difíciles de detectar utilizando herramientas tradicionales de mitigación de riesgos”, detalló en el marco del Diálogo Regional de Política del Sector Bancario, BankLAC “Construyendo un sector bancario verde y digital: oportunidades y desafíos”.
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