Necesario que «Ley Chayote» sea abrogada.
Para el año 2019, el gobierno federal contempla un presupuesto para comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos, recursos que ante la ausencia de una regulación adecuada en la materia podrían ser objeto de una asignación discrecional que a su vez abre la puerta a sobreejercicios como los registrados en gobiernos anteriores.
«La ausencia de una regulación adecuada en el gasto de publicidad oficial permite que los sobreejercicios sigan ocurriendo sin control y a discreción de las autoridades encargadas de aprobar los presupuestos», enfatizó el Colectivo #MediosLibres.
En un comunicado, el grupo refirió que para la Secretaría de Gobernación, que será la encargada de administrar la política de comunicación social, se busca la aprobación de un presupuesto en comunicación social de mil 786 millones de pesos, monto que es superior en 854.83 por ciento, respecto de los 180 millones de pesos presupuestados en 2018 para el mismo rubro.
Si bien el decreto del Proyecto de Presupuesto de la Federación 2019 (PPFE 2019), señala como en años anteriores, no podrán realizarse incrementos durante el año fiscal, salvo en casos de contingencia; esa condición se soslayó por los distintos gobiernos federales dando paso a sobreerjercicios.
«En este sentido, es importante recordar que la austeridad anunciada por el Presidente no será efectiva si el PEF no fija topes presupuestarios para la modificación del gasto en materia de comunicación social».
Aunque el decreto del PPEF 2019 determina de manera general cómo se realizará el gasto en comunicación social y advierte sobre la centralización del gasto en la Oficina de la Presidencia de la República, no fija criterios o reglas claras, objetivas y transparentes de asignación del gasto ni tampoco mecanismos de planeación, evaluación y control.
«Lo anterior, puede ser una limitante en la divulgación de información plural y de interés público. Desde el Colectivo #MediosLibres exigimos al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, la urgencia de tener una legislación que atienda los problemas actuales sobre libertad de expresión derivados del mal uso de la publicidad oficial, sobre todo cuando la LGCS institucionaliza y legaliza las malas prácticas».
Con relación a la Ley General de Comunicación Social(LGCS), que entrará en vigor el 1 de enero, el colectivo insistió que se trata de una norma que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, contribuye al uso de la publicidad oficial para controlar las líneas editoriales de los medios, generando censura indirecta y de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
«La #LeyChayote debe ser abrogada y emitirse una nueva que contemple criterios claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, así como emitir los candados necesarios para evitar sobreejercicios».
Es importante recordar que desde el Colectivo #MediosLibres elaboramos una iniciativa de ley de publicidad oficial la cual debe ser discutida y revisada a la par de que el Congreso atienda de igual forma la iniciativa que abrogue la LGCS.
C$T-GM
