Debilitar el cifrado es debilitar la seguridad de las naciones, las empresas y las personas, además de reducir libertades y derechos humanos fundamentales, como la privacidad y la protección de datos personales, e incluso pondría en riesgo la vida de grupos vulnerables, como periodistas, activistas, disidentes o víctimas de violencia, aseguran expertos.
“Una de las iniciativas más comunes y de larga data que debilita el cifrado, es la demanda de exigir puertas traseras en los dispositivos y las aplicaciones, para que sólo los buenos puedan acceder a dispositivos y aplicaciones. Sin embargo, en el cifrado por ser un proceso matemático, no existe tal cosa, como solo permitirle a algunas personas acceder”, explicó Gaspar Pisanu, Latam Policy Manager de la organización Access Now.
Autoridades de gobierno están pensando en la ruptura como una herramienta útil contra la delincuencia, a través de “puertas traseras” que den acceso a contenido cifrado, dijo el experto, pero se trata de una falla de seguridad prediseñada que vuelve vulnerable a todo el sistema y a los datos y, eventualmente, permitirá el acceso de gente maliciosa.
En la charla “Agenda pro cifrado en América Latina y el Caribe”, Pisanu explicó que si se solicitara a las empresas de tecnología incluir estas “puertas traseras”, la única certeza que tendrían las personas es que se les impediría elegir una plataforma en la que su privacidad sea protegida.
“Si algo se sabe desde las revelaciones de Snowden de 2013 y los recientes informes sobre el uso de herramientas como Pegasus, es que los gobiernos viven en la época dorada de la vigilancia, casi una era distópica. Si algo necesitan todos y todas son herramientas para protegerse de autoridades, que son cada vez más invasivas y omnipresentes”.
En la charla, Sofía Zerbino, de la Secretaría de la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe -AL LAC, recalcó la importancia del cifrado en un contexto en el que muchas actividades se realizan en el entorno digital, desde las interacciones personales hasta las transacciones financieras, además de servicios de todo tipo, que dependen de tecnologías de encriptación.
“Un posible quiebre del cifrado puede suponer pérdidas irreparables, ya que implicaría reducir los derechos de las personas, pero sin conseguir nada a cambio. El debilitamiento produciría como consecuencias mayores riesgos de seguridad, reducción de libertades individuales y efectos negativos para los derechos digitales esenciales para la confianza de los usuarios en internet y los servicios que se ofrecen en línea”.
En el contexto de América Latina, advirtió Verónica Ferrari, ante una creciente represión de la protesta, de violencia contra periodistas y violencia de género que se da tanto fuera como dentro de línea, la persecución de activistas de derechos humanos y medioambientales, se vuelve clave fortalecer la agenda por cifrado.
En ese sentido, sobre las consecuencias que no se quedan sólo en el ciberespacio, se habló del caso de México, en voz de Pepe Flores, activista por los derechos humanos y director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien habló del uso de herramientas de vigilancia sin controles democráticos.
“En el caso mexicano, y que también es extensivo a varios países de la región, nos encontramos con gobiernos, con autoridades que carecen de controles democráticos, que hacen uso arbitrario de estas herramientas y que en última instancia también terminan siendo coludidas o a veces incluso sometidas, reitero en el caso de escenarios locales, a los deseos e intereses de la delincuencia organizada”.
Por ello, subrayó, desde México se comparte la preocupación para evitar que las narrativas de debilitamiento del cifrado, que lo criminalizan, continúen permeando dentro de la discusión pública, para impulsar una agenda donde el cifrado esté en el centro, que derribe el falso dilema entre el derecho que tenemos todas las personas a la privacidad y la seguridad nacional.
“Es muy difícil identificar la línea que separa a las autoridades como a los agentes del Estado, especialmente aquellos involucrados en la impartición y procuración de justicia, con aquella delincuencia organizada y esto representa un contexto sumamente sensible para distintos tipos de personas”.
C$T-EVP