Con un total de 129.8 millones de líneas móviles a septiembre del año pasado, los mensajes vía mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés), representan una oportunidad para una búsqueda más intensa e inmediata en caso de la desaparición de un menor en un país, en el que diariamente se registra la ausencia de 4.6 niños, niñas y adolescentes, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
“La desaparición de niños es un tema que nos apremia a todos, por eso sugerimos sumar de manera obligatoria, no solo a su consideración, a las telefónicas al mecanismo de Alerta Amber como servicio a la comunidad y devolverle al pueblo parte de los que hacemos como consumidores”, enfatizó la senadora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Abreu Artiñano.
En entrevista para ConsumoTIC, expuso que el objetivo es generar mayores difusores, ya que los minutos y segundos son fundamentales en caso de la desaparición de un menor en riesgo, a través de un mecanismo de localización y acción inmediata dentro de las primeras 72 horas, como la Alerta Amber.
“Se busca que México tenga mayores elementos para este propósito, ¿quién hoy en día no tiene un teléfono celular? Somos un país donde hoy en día la mayor difusión se hace a través de los teléfonos celulares”, abundó.
En diciembre pasado, la legisladora por el estado de Campeche presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que consiste en un segundo párrafo de la fracción primera del artículo 190, que busca que los concesionarios, así como los autorizados de telefónicas elaboren una instancia de seguridad, difundan y procuren con ello la justicia.
Esta iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, se espera su análisis en los primeros días de febrero y tiene por objetivo que estas compañías activen la Alerta Amber y envíen SMS en tiempo real conforme a la geolocalización del caso del menor desaparecido.
Abreu Artiñano explicó que en México los servicios de telefonía móvil no están obligados a participar en la difusión del mecanismo de búsqueda, como sí sucede en Estados Unidos y otros países, en los cuales se han obtenido resultados exitosos.
“Es fundamental en el momento de la desaparición señalar los datos con los que se cuentan; desde el color del coche, si fue en una camioneta, qué tipo, si es un coche normal o una vagoneta, las calles; si el menor fue sustraído, es decir, elementos que ayuden a la localización y rescate de un menor de forma inmediata”, reiteró.
Alertó que tanto el tráfico de menores como los delitos cometidos con niños se realizan tan rápido por bandas criminales que los minutos son fundamentales para salvar a un infante.
Desde 2017 Telefónica Movistar colabora con las autoridades en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos a través de sus entonces 27 millones de clientes en México y desde su adhesión, se han emitido 385 alertas, de las cuales alrededor del 70 por ciento han resultado en casos exitosos de localización.
En mayo pasado la compañía ratificó esta adhesión a la Alerta Amber por lo que es la única compañía del sector en formalizar su colaboración con la Fiscalía General de la República en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, AT&T México renovó en días pasados el convenio de colaboración con Alerta Amber para colaborar con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
AT&T fue la primera empresa de telecomunicaciones móviles en asumir este compromiso en 2015 y hasta el momento ha enviado más de 24 mil mensajes de texto en 328 alertas a su base de usuarios en México, convocándolos a participar en la localización de menores, lo que ha implicado 71 por ciento de avisos exitosos.
En opinión de Abreu Artiñano, se trata de sumar a todas instancias gubernamentales, estatales, municipales, a organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y al mayor número de actores, de empresas radiodifusoras y con énfasis en teléfonos celulares, porque son el medio que mayor número de población utiliza.
Respecto a la inversión que implicaría para las telefónicas, puntualizó que la mayoría de estas empresas manejan presupuestos relacionados del ramo con temas sociales, muchos de ellos tienen todas las facultades para entrar en un esquema donde se vea como labor social.
“A final de cuentas la recuperación de un niño o salvarle la vida a un menor y recobrar la vida de todo una familia y una sociedad no se compara con el tema monetario y de inversión para estas compañías”, apuntó.
En este marco, confió que en breve buscará la forma de involucrar a Telcel, “no creo que exista renuencia en caso de modificar, no un tema de adhesión sino de obligación, de colaborar con la sociedad, porque esto ya existe esto en otros países, y México no sería la excepción”.
Así, el potencial de difusión se ampliaría, toda vez que Telcel ostenta 61.1 por ciento del total de líneas al alcanzar 79.3 millones, seguido de Telefónica Movistar con 20 por ciento de participación de mercado o 26 millones de accesos, y AT&T con 19.5 millones de líneas y una cuota de 15 por ciento, de acuerdo con la consultora The CIU al tercer trimestre de 2021.
Lo más importante, resaltó la legisladora de Morena, es cómo un servicio implementado a nivel mundial y sobre todo en México puede contribuir con la ciudadanía con un servicio tan importante como la recuperación del menor.
“Hoy en día existen partidas presupuestales en la mayoría de empresas donde se manejan fondos para aportaciones en beneficio de la sociedad. Realmente las utilidades de las compañías telefónicas son inmensas y lo que le devolverían a la sociedad es insignificante en comparación con lo que aportarían en beneficio de una sociedad”, acotó.
Se trata de empujar entre todos. No hay dinero que supla a un hijo, a un sobrino; sacar a los menores del tráfico, de la trata, del tráfico de órganos, pero sobre todo, de ponerse en el lugar de los padres y las familias que han vivido este infierno, del que nadie está exento, concluyó la senadora Abreu Artiñano.
C$T-GM
