Además de dificultar su operatividad, en algunos casos las omisiones de cumplir con los nombramientos en instituciones y órganos constitucionales autónomos, entre ellos el IFT, ponen en riesgo la democracia, el acceso al derecho a la información o a la administración de justicia e incluso podrían impulsar, indirectamente, a la impunidad en menoscabo de derechos de los ciudadanos.
Michel Hernández Tafoya, director del Observatorio Mexicano de las Telecomunicaciones (Observatel), recordó que este es el caso en la falta de tres nombramientos que deberían estar por lo menos desde hace tres años desempeñándose como comisionadas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cumplmiento con la paridad de género, y que ha provocado que haya dos presidencias interinas al hilo.
Si bien reconoció que es normal que haya cambios al interior del IFT, la falta de comisionadas -cuyo proceso de selección está previsto en el artículo 28 constitucional- y de un presidente en el órgano regulador como está establecido en la ley, puede pasar la factura al funcionamiento del órgano regulador.
“No es lo ideal, porque si tuviéramos una presidencia electa como se señala, por cuatro años, muy probablemente estos cambios serían menores, la continuidad de los funcionarios, y no solo de los funcionarios, sino de los procedimientos que se llevan ahí tendrían mayor solidez”.
Aunque las unidades administrativas del IFT siguen haciendo su trabajo, dijo, “no es lo mismo hacerlo con la certidumbre de un procedimiento en el que estás concentrando, con un Pleno completo, con un presidente electo conforme lo marca el Senado, que hacerlo con la incertidumbre que se genera porque el Ejecutivo simplemente se ha negado a nombrar” a quienes deben cubrir a los comisionados salientes.
Respecto a qué tanto podría llevarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en resolver la controversia constitucional que presentó el IFT, el especialista estimó que con el antecedente de la Comisión Federal de Competencia (COFECE), se tendría una decisión que se espera hacia el mes de marzo.
“A eso tendrá que venir la acción del Ejecutivo, que ya tiene tres listas en sus manos que podría mandar de inmediato al Senado, y ahí el Senado simplemente cumplir con lo que dice la Constitución, que son 30 días”.
En un pronunciamiento realizado en las afueras del Senado de la República, Marcia Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, señaló que la falta de designación de funcionarios con altas responsabilidades públicas puede impactar o, de cierto modo, favorecer a la impunidad en algunos casos relacionados con corrupción, porque pueden acotar el margen de maniobra en las instituciones.
“Estamos hablando de un efecto de debilitamiento en las instituciones, porque esta omisión provoca que no funcionen adecuadamente, pero al final dan margen ancho a la impunidad; por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que tiene más retrasos, que ve casos que tienen que ver con corrupción, responsabilidades administrativas del propio gobierno”, dijo en entrevista.
El observatorio ciudadano, integrado por y Artículo 19 y Fundar, advierte que aún están pendientes 16 nombramientos en instituciones federales, de las cuales 11 corresponden al Ejecutivo Federal, instancia que no ha enviado las propuestas y/o ternas para su ratificación en esta cámara.
A esta lista, dijo, este año se sumaría el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a cuyo Pleno le faltan dos comisionados y con la próxima salida del comisionado Javier Acuña faltarían tres, por lo que quedaría imposibilitado para atender recursos de revisión.
“Estamos a mes y medio, porque el 31 de marzo acaba la responsabilidad del comisionado Acuña; el Senado tiene pendientes por resolver dos, donde ya hay un dictamen, calificaciones evaluadas por un Consejo Ciudadano… Por Ley tendría que haberse emitido esta convocatoria para el nuevo comisionado 60 días antes, es decir, este 1 de febrero”.
Destacó que la posibilidad más viable no sólo es que las autoridades involucradas señalen los retrasos en nombramientos, sino que desde la sociedad civil se exploran algunas rutas para que cumplan con una obligación, que las autoridades a quienes les corresponde, han tomado con desdén.
En la activación frente al Senado, el Observatorio de Designaciones Públicas hizo un llamado urgente a realizar las designaciones rezagadas “sin cuotas ni cuates”, porque ello permitirá transitar en una ruta que construya confianza ciudadana y fortalezca a las instituciones.
Entre las instituciones federales con designaciones pendientes están el IFT, con una que ya suma mil 075 días sin resolverse, otra con 710 días, y una más que cumplirá casi un año; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con 2 mil 245 días; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con mil 531 días.
En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hay una con 442 días; en el Sistema Nacional Anticorrupción, con 508 dáis; la Comisión Reguladora de Energía, con 769; el INAI, con 314; Tribunales Agrarios, con 554.
Hay 14 designaciones más que deben realizarse este año y que de no resolverse de manera adecuada podrían provocar plenos incompletos, en este caso está el INAI y el Instituto Nacional Electoral (INE), esta última que corresponde a la Cámara de Diputados.
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