Necesario considerar fortalecimiento del IFT.
Si bien la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión registra un balance general positivo en materia tarifaria y de cobertura de múltiples servicios, no debe verse como una respuesta estática a los problemas competitivos y regulatorios que se enfrentaban en el año 2012, sino como un proceso dinámico de mejora continua del marco normativo que debe siempre reaccionar a los acontecimientos que se presenten en estas industrias.
En su artículo «Efectos de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión», incluido en el Balance de las Reformas Estructurales elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Fernando Butler Silva señala que un marco normativo eficiente del sector telecomunicaciones y radiodifusión necesariamente debe cambiar a lo largo del tiempo, dado el acelerado dinamismo tecnológico y los fuertes cambios de demanda que caracterizan a estos sectores.
El especialista refiere que en palabras de Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a partir de los cambios constitucionales, los servicios se ofrecen con mejor calidad y se ha incrementado la oferta dentro de los paquetes ofrecidos en el mercado, ya sea en más minutos, uso de datos u otros servicios y mayores velocidades de descarga, beneficiando a los usuarios.
«Sin embargo, un marco normativo eficiente del sector telecomunicaciones y radiodifusión necesariamente debe cambiar a lo largo del tiempo, dado el acelerado dinamismo tecnológico, y los fuertes cambios de demanda, que caracterizan a estos sectores», subraya el especialista.
Para Bluter Silva, dadas las dificultades para modificar el Decreto de Reforma Constitucional o la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) en el futuro cercano, un curso de acción factible que podría arrojar mejoras significativas en los resultados obtenidos por los cambios constitucionales sería:
a) Desarrollo por parte de SCT de un Plan Nacional de Banda Ancha, siguiendo la visión integral de los planes de Corea en esta materia, el cual deberá incluir todos los esfuerzos gubernamentales para incrementar la cobertura de redes de banda ancha, alfabetización y capacitación digital de la población. La SCT coordinaría a las dependencias federales y estatales (y en su caso municipales) que estén involucradas, mientras que el IFT sería parte central de esta estrategia, sincronizando su Programa de Licitaciones de Espectro con el desarrollo de los programas establecidos en el Plan Nacional de Banda Ancha.
b) Desarrollo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de los mecanismos financieros, y de la normatividad necesaria, para apoyar el desarrollo de proyectos de conectividad social, como las concesiones comunitarias e indígenas para prestar servicios de telecomunicaciones en comunidades marginadas y, en su caso, para el despliegue de las redes municipales inalámbricas.
c) Establecimiento de una instancia coordinadora en la SCT para planear y llevar a cabo acciones que erradiquen el uso ilegal del espectro por parte de operadores piratas, debiendo tanto IFT como las diferentes instancias de seguridad federal ser parte de esta tarea.
d) Fortalecimiento de la Transparencia del órgano regulador, estableciendo que toda acción regulatoria del IFT que afecte a los operadores de un sector o segmento de las telecomunicaciones y la Radiodifusión, debe tanto ser discutida públicamente con los mismos, como debiendo el Instituto dar respuesta a los planteamientos vertidos por dichos concesionarios.
e) Fortalecer las unidades administrativas del IFT encargadas: Del diseño e implementación de las licitaciones del espectro, así como los procesos de refarming del mismo; Del monitoreo del uso del espectro; Del otorgamiento y supervisión de las concesiones sociales; Del análisis de impacto económico y social de las medidas regulatorias implementadas a partir de la emisión del Decreto de Reforma Constitucional. El costo del fortalecimiento de dichas áreas se cubriría a través de la compactación de unidades administrativas transversales no prioritarias del IFT.
«Posteriormente, cuando existan consensos para realizar modificaciones al marco normativo del sector, se deberían implementar los cambios basados en los análisis que realice el IFT del impacto económico y social de las diferentes políticas y medidas establecidas en la Reforma Constitucional, y en su normatividad secundaria, así como de los cambios prioritarios que, como resultado de dichas evaluaciones, se decidan implementar».
Para el especialista, entre las modificaciones que se deben plantear se encuentran:
1. Otorgamiento al IFT de la facultad de decidir las fronteras entre los diferentes mercados relevantes que constituyen a las industrias de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión para determinar a los agentes preponderantes de los mismos.
2. Facultad al IFT para decidir las obligaciones específicas que se deben establecer a los diferentes operadores preponderantes.
3. Facultad al IFT para decidir sobre qué mercados se debe realizar un análisis de competencia efectiva para derogar las obligaciones específicas establecidas a los diferentes operadores preponderantes, siempre y cuando se haya dado cumplimiento cabal a dichas obligaciones.
4. Eliminación del artículo Noveno Transitorio de la LFTyR.
5. Eliminación del régimen dual de pagos anuales de derechos por uso del espectro, y pagos iniciales establecidos en las licitaciones, para pasar a un régimen único de pagos basado exclusivamente en los precios resultados de las licitaciones.
6. Modificaciones a los montos de multas para los operadores establecidos en las artículos 298, 299, 308, 310 y 311 de la LFTyR.
Dichos análisis del IFT se deberán realizar con base a metodologías rigurosas de evaluación de impacto, las cuales son las únicas que permiten analizar objetivamente los efectos de las políticas regulatorias en industrias como las de telecomunicaciones y la radiodifusión.
En estos sectores, añade, las inversiones de los operadores en ampliación y modernización de las redes, la competencia tarifaria y la diferenciación de producto, son variables estratégicas altamente sensibles al marco regulatorio y a sus cambios potenciales, al comportamiento de la economía nacional y mundial, y a los rápidos cambios tecnológicos, de demanda y de la regulación que están ocurriendo en los demás países.
C$T-GM
