Subir conectividad requerirá 35 mil mdd.
En días pasados, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó elevar de 40 al 70 por ciento la velocidad mínima garantizada de los servicios de internet, una medida que además de generar consecuencias negativas en términos de asequibilidad, acceso, cobertura, inversiones y ofertas comerciales, plantea retos técnicos que deben ser considerados.
Al respecto, la Asociación Interamericana de empresas de telecomunicaciones (ASIET) expuso que la medida podría suponer aumentos en el costo de la infraestructura que perjudicarían la asequibilidad de los servicios, lo cual resultaría particularmente negativo en un contexto de crisis sanitaria.
«Coincidimos con las valoraciones tanto de OSIPTEL como de otros organismos internacionales en el sentido de que esta medida podría suponer una barrera de entrada a nuevas inversiones, generar consecuencias negativas en términos de cobertura y disminuir la variedad comercial de las ofertas para los usuarios».
Al detallar los retos técnicos que una decisión de este tipo tendría, la ASIET explicó que la velocidad de conexión de un dispositivo concreto en un momento determinado responde a factores que trascienden a la propia infraestructura de red disponible, como son los servidores donde se alojan los servicios y plataformas sobre internet.
Así como la demanda de tráfico fluctuante en diferentes horarios y ubicaciones, la estructura física que rodea a una conexión, la ubicación de los dispositivos móviles o routers, e incluso los fenómenos meteorológicos o las condiciones del suministro eléctrico.
«Diseñar una arquitectura de red capaz de asegurar en todo momento y ubicación el máximo tráfico potencial a la máxima velocidad de forma simultánea, además de suponer altísimos costos, produciría un excedente de capacidad la mayoría del tiempo».
La ASIET considera que el desarrollo digital de Perú, respecto de los objetivos de mejora de cobertura, acceso y calidad de los servicios, requiere medidas regulatorias integrales que promuevan las inversiones y faciliten el desarrollo de infraestructura.
De acuerdo con el informe «Nuevo Marco Regulatorio para la Convergencia» del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, Perú requería para el periodo 2020-2025 alrededor de 35 mil millones de dólares para alcanzar los niveles de conectividad de los países más desarrollados.
«Los instrumentos regulatorios deben construirse con la necesaria precisión técnica, descartando la vía del trámite legislativo acelerado, para realizar los adecuados análisis de impacto a medio y largo plazo. Para todo ello, entendemos necesario fomentar el diálogo público privado capaz de generar acuerdos sectoriales que lleven a maximizar los beneficios de la digitalización en el país y aseguren la expansión real de la conectividad».
C$T-GM