A pesar de las limitaciones que la propia ley le impone, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha sido “muy exitoso en implementar los más de 300 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 17 artículos transitorios en la Constitución a los que está obligado”, sin duda, se trata de una institución en la que era muy necesario separar de una vez por todas, la política de telecomunicaciones de la regulación del Poder Ejecutivo.
Al cumplir 10 años, no hay duda que esta institución ha emitido resoluciones sólidas y registra avances en temas como la larga distancia y las reducciones de precios en los servicios que se lograron gracias a que el Instituto logró establecer una política de competencia más agresiva, consideró Michel Hernández, director general de Observatel.
Sobre todo, la reforma constitucional que permitió la creación del Instituto, llevó a que hoy día, “ya exista un entendimiento distinto al que se tenía antiguamente con la Cofetel, a pesar de que el Instituto no siempre resuelve como quisiéramos algunos”, si bien, esta dinámica es natural cuando hay una institución autónoma para regular un sector tan dinámico y complejo como las telecomunicaciones, donde “no todo es blanco y negro, sino que hay matices”.
Y a pesar de estas ventajas, Michel Hernández observó que “el trabajo no está acabado, porque el IFT todavía tiene muchos pendientes y desafortunadamente en lo institucional no pasa por su mejor momento” porque en esta administración se ha dejado al IFT con sólo cuatro de siete comisionados, hay una presidencia interina y todo esto dificulta la labor del regulador.
Esto es necesario revisarlo para dotar de mayor fuerza institucional al regulador que, además, no ha logrado todavía resolver de fondo algunos problemas, como la excesiva concentración de mercados como el mercado móvil, donde el agente preponderante tiene demasiada presencia “y me parece que todavía hay espacios o áreas para que el regulador haga ajustes. Este es un trabajo inacabado que tiene que continuar y tenemos que ver hacia dónde va”, advirtió.
Por ejemplo, el tema del alto costo del espectro radioeléctrico, refleja algunas carencias propias de la conformación legal del Instituto, que “cojea en ciertas cosas”, pues el valor del espectro debería ser una decisión estrictamente de política regulatoria en materia de telecomunicaciones y, sin embargo, en su esquema actual, todavía el Legislativo tiene la última palabra y se mantiene un alto costo, a pesar de que el IFT ha sido insistente en señalar el impacto negativo para la conectividad.
Reconoció que en esta materia, el Instituto ha hecho un trabajo muy serio en tratar de decirle al Poder Legislativo y a la Secretaría de Hacienda cuál es la repercusión de tasar tan alto el costo del espectro, pero como el Instituto no regula esa parte, lo único que resta es esperar a que el Legislativo y el Ejecutivo sean receptivos.
Justamente, este tipo de limitaciones de ley son las que impiden una acción más eficaz del regulador y llevan a que en tiempos electorales, se antepongan los intereses de algunos a la promesa de mejorar la conectividad en el país.
De hecho, consideró que “hay mucha miopía de parte de quienes ven en el costo del espectro un esquema para tratar de financiar lo que sea, porque lejos de recaudar más, hoy las empresas regresan espectro y todos pierden, especialmente los usuarios, porque se reducen sus opciones” y, desafortunadamente, el Instituto cuenta con la experiencia y el conocimiento técnico necesarios para demostrar cómo se pueden hacer las cosas de otro modo, pero no puede obligar a otras instituciones a realizar los cambios necesarios.
C$T-GM
