A nivel regional, México es uno de los pocos países que carece de un fondo de acceso universal de telecomunicaciones que contribuya a subsanar el rezago que registra en materia de conectividad, ante lo cual se hace evidente la necesidad de revisar la política pública y diseñar estrategias innovadoras que fomenten inversiones que se traduzcan en más y mejor inclusión digital.
“México es de los poquísimos países en América Latina sin un fondo de servicio universal, lo hubo pero ya no hay, y esto es una vergüenza siendo el segundo país más desigual de América Latina, el primero es Brasil”, sostuvo Adriana Labardini, directora de Law, Technology & Development.
A lo largo de los años, organismos como la Cepal han hecho énfasis en cómo el desarrollo de la banda ancha requiere diseñar e implementar un conjunto de políticas que fomenten y faciliten su despliegue, tomando en consideración todos los aspectos que integran el denominado “ecosistema de la banda ancha”.
Esto significa no solamente pensar en la conectividad y en la variedad de servicios y tecnologías que pueden soportar altas velocidades en el acceso a Internet, sino también en la apropiación y el uso, es decir, el desarrollo de capacidades de los diferentes tipos de usuarios, y además en el desarrollo de funcionalidades con contenidos y aplicaciones avanzadas.
“En lo que hay que innovar, -y no copiarle a otros países hermanos en temas como la ineficacia de los fondos- es en gravar a las empresas OTT que son las principales usuarias de estas redes y que contribuyan a la expansión de las redes de banda ancha de alta velocidad y lo segundo es que se vea quiénes serán beneficiados de estos fondos de servicio universal, y es ahí donde está el gran reto”.
La especialista refirió que en Brasil, por ejemplo, la expansión de las redes de telecomunicaciones se ha impulsado a través de un modelo que incentiva que más de 10 mil ISPs, (proveedores del servicio de internet) metan fibra en poblaciones de menos de mil habitantes.
“Es un modelo de apoyo con regulación asimétrica, pero al revés, para facilitar que operadores con menos de 5 mil clientes lleven fibra y está funcionando. Hay que probar nuevos modelos con nuevos actores, nuevos paradigmas”.
En México, expuso, una alternativa sería etiquetar en un porcentaje pequeño lo que se recauda por espectro radioeléctrico, que llega a más de 20 mil millones de pesos anuales, para dedicarse unos 2 mil o 5 mil millones de pesos, en lugar de tratar de cortarle el presupuesto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Y es que, dijo, en la actualidad el país atraviesa por tiempos complejos marcados por el desinterés del gobierno en impulsar la ciencia, la tecnología, la transformación digital y la innovación, a lo cual se suma un sector telecomunicaciones caracterizado por la falta de competencia económica.
“Son grandes los retos para los reguladores y más cuando están fuera de su alcance, aunque sí hay muchas cosas que puede replantearse el regulador en términos de herramientas, de cómo usar el aparato de vigilancia”.
Si la capacidad del órgano de vigilar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, no es lo suficientemente robusto y ágil, con una inteligencia de negocio tal que se detecten incumplimientos y prácticas anticompetitivas en tiempo real, entonces de nada sirve seguir multiplicando las regulaciones.
En ese sentido, es fundamental plantear que si el objetivo es cambiar las conductas de un jugador en el mercado, una alternativa es enfocar el esfuerzo en incentivos que tengan como resultado un beneficio tangible para la población.
“Si se le dice (al jugador preponderante del mercado) te quito la regulación asimétrica en la medida que inviertas en fibra óptica, pero en poblaciones pequeñitas, y no sólo en los grandes mercados nacionales, o si se le dice aumento la convergencia pero en la medida que vayas invirtiendo en redes de alta capacidad, en vez de amenazar con sanciones o multas que ha sido difícil que sean creíbles”.
C$T-GM
