Podría sentar bases para proyecto nacional de digitalización.
Con dos años de incumplimiento en la obligación constitucional de emitir una política de inclusión digital universal, queda claro que para el Ejecutivo éste no es un tema prioritario; sin embargo, en el escenario negativo que esta ausencia está generando, el Poder Legislativo es un corresponsable y no está cumpliendo su rol de contrapreso, ni actuando como el gran poder habilitador de un marco jurídico innovador en materia de transformación digital.
“Nos referimos mucho al Ejecutivo como principal responsable, que claro que lo es, pero a estas alturas, ya nos queda claro que no es su prioridad; entonces, lo que se esperaría es que el Congreso asumiera el rol de contrapreso para el que está diseñado”, dijo Michel Hernández, abogado y especialista en telecomunicaciones.
Salvo contadas excepciones de legisladoras y legisladores, que prácticamente van en solitario, no se ve en el Poder Legislativo la más mínima intención de analizar las iniciativas relacionadas con el ecosistema digital y las telecomunicaciones, con una perspectiva de derechos humanos y particularmente de derecho a las TIC.
“Lejos de estar viendo dónde deben estar los controles de los jugadores actuales de internet, el Congreso debería estar viendo dónde o cómo se puede habilitar el despliegue de infraestructura, de servicios y generación de incentivos para que existan más contenidos y aplicaciones”.
El especialista refirió que el Congreso, que a partir de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 tiene la facultad de legislar en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tiene acceso a asesores y recursos para elaborar estudios, para abordar con profundidad las iniciativas; sin embargo, no parece que se esté realizando un análisis bien informado.
“No estamos viendo que se usen estos recursos, todas las iniciativas legislativas, y particularmente las del senador Monreal que ha estado muy activo en el ecosistema digital, están haciendo patente que no hay el interés por un análisis de fondo, es decir, que parten de la idea de alguien más o del revanchismo, y ambas son las peores formas de regular el ecosistema digital”.
Para cualquier esquema regulatorio, expuso el especialista, se requiere comprender y entender cómo funciona la tecnología, internet, las redes y los insumos, para posteriormente tomar una decisión, “el análisis de alternativas es indispensable, y aquí en el Legislativo, no lo he visto”.
Si bien el Legislativo es un órgano político cuyas decisiones están más orientadas hacia las ideologías, ello no significa que no pueda generar un marco institucional en el que distintas autoridades del Estado que sí están encargadas de estos temas, colaboren para definir cuál es la mejor manera de regular.
En opinión de Michel Hernández, no existe interés y tampoco un análisis de fondo, lo que implica un grave riesgo para el ecosistema digital, ya que tener legislaciones que parten de razones políticas, no son regulaciones bien pensadas.
En opinión del abogado especializado en telecomunicaciones, el Legislativo podría generar un andamiaje jurídico habilitador de una política digital, vista como una verdadera política de Estado, en el que la coordinación institucional y la gobernanza sean la clave.
“No sugiero que debe elaborar la política ni desarrollar sus elementos, quizás sólo deba señalarlos o retomar los señalados a nivel constitucional, sin embargo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, podría sentar las bases para el desarrollo de un proyecto nacional de digitalización”.
Este proyecto, detalla Michel Hernández en su estudio “En busca de la política digital en México. 2021”, tendría que considerar a todos los órganos del Estado, industria, sociedad civil, academia, y la participación coordinada de otros organismos nacionales e internacionales, así como la obligación de generar metas e indicadores y la de ofrecer sus resultados y avances de manera transparente a la población.
“En suma, el Poder Legislativo que podría fungir como contrapeso de la inacción del Ejecutivo y de acciones de éste que son contrarias a la transformación digital, ha actuado en el mismo sentido, lo que nos coloca frente a un panorama aún más incierto en materia de digitalización nacional”.
C$T-GM
