Será presentada al pleno en abril próximo
Integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República acordaron presentar una nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer un marco regulatorio específico para el comercio electrónico que incluya la protección de datos personales y obligue a los proveedores identificarse con nombre legal, domicilio fiscal y correo electrónico.
También deberán establecer con claridad los costos, tiempo de entrega, términos y condiciones de pago, además de ajustarse a los lineamientos de protección de datos, informó el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios Córdova.
Expuso que esta iniciativa reforzará la presentada en octubre de 2015 que inexplicablemente no fue procesada ante el pleno camaral no obstante que el comercio electrónico en el país representó en 2016 transacciones por más de 270 mil millones de pesos y que tres de cada cinco internautas realiza compras por este medio.
El legislador recordó que en mayo de 2016 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), suscribió un convenio con la Amipci -actualmente Asociación de Internet.MX-, para la entrega de información de aquellos portales que condicionen sus ventas a la compra de otro artículo, incumplan con las garantías o incurran en cobro de comisiones no estipuladas. “Lamentablemente poco se ha avanzado en este aspecto y persisten miles de tiendas virtuales que no son seguras”.
Larios Córdova dijo que por el momento sólo se cuenta con el artículo 128 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor que se refiere a los contratos de adhesión y costos de envío que es insuficiente y poco claro para imponer sanciones a quienes cometen irregularidades a través del comercio electrónico.
“Consideramos que con el nombre legal y domicilio fiscal se podrá llevar un registro de esas tiendas virtuales y en su caso imponer las sanciones que se establecen en el artículo 128 bis por incumplimiento de contrato o cobro de gastos adicionales”, subrayó.
Precisó que la actual legislación data de hace 17 años y prácticamente no ha registrado cambios por lo que es urgente readecuarla sobre todo en lo que se refiere al comercio electrónico en donde por falta de claridad en las reglas miles de proveedores operan discrecionalmente y son prácticamente nulas las garantías que tiene el consumidor al momento de reclamar abusos e incumplimiento.
“Esperamos estructurar la nueva iniciativa en el curso de abril para presentarla ante el pleno antes de que concluya el actual período ordinario de sesiones y los consumidores cibernéticos tengan el necesario respaldo jurídico ante cualquier anomalía en sus compras”, concluyó.
C$T-EVP
