El andamiaje legal actual que impide al IFT determinar los costos del espectro y otros aspectos centrales de la política de telecomunicaciones, implica restarle hasta el 80 por ciento de las facultades que debería tener para operar una política pública más eficiente en la materia, advirtió Adriana Labardini, Coordinadora para LAC de políticas y regulación en Rhizomatica.
Durante su participación en la mesa «Políticas públicas para conectividad y competitividad digital» del foro Conecta México, la especialista recordó que en su esquema actual, los derechos por el uso de este recurso esencial, son ajustados anualmente por el Congreso de la Unión a propuesta de la Secretaría de Hacienda.
De ahí la necesidad de corregir estas ineficiencias, lo cual se puede hacer desde la ley y sin necesidad de modificar la Constitución, para hacer ajustes que generen la asequibilidad del espectro y la sana competencia en el mercado.
Recordó que por desgracia las políticas públicas en México por lo general no se piensan a largo plazo, sino que «el mundo se reinventa cada seis años, lo que provoca retrasos de hasta 50 o 60 años en el desarrollo».
En el siglo XXI ya no es permisible que las políticas públicas se dicten desde el disgusto del gobierno en turno, sino que debe incluir a todos: a la academia, sociedad civil, especialistas, a los operadores del mercado y a la gente en las poblaciones locales, para que la política no esté diseñada desde el centro sin saber las particularidades de cada región.
“Creo que como está la Constitución, hay la suficiente flexibilidad que sí se necesita en una política pública para revisar. Se creó un andamiaje institucional muy robusto, experimentado, profesional, que es el IFT, pero se le resquebrajó con un detallito que le quitó, pues muchísima fuerza, que no pueda fijar el costo del espectro, lo fija el Congreso de la Unión con la Secretaría de Hacienda. Ahí le quitó el 80 por ciento de su facultad de manejar una política pública hacia la asequibilidad del espectro, la inversión, la eficiencia en el uso, etcétera”.
Por su parte, Alejandro Navarrete Torres, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, al hablar sobre el «Panorama del espectro radioeléctrico en México para 5G», señaló que los altos costos que asigna la Secretaría de Hacienda a las frecuencias, afectan directamente al mercado y a la competencia.
«Con costos 60 por ciento por arriba del promedio de América Latina, es prácticamente imposible que las empresas quieran entrar en la competencia, y sobre todo cuando en México hay 42 mil localidades menores a 100 habitantes, que carecen absolutamente de servicios».
En opinión del funcionario, se trata de un «problema estructural» la forma en cómo se cobran los derechos por el uso del espectro y coincidió en que se deben buscar alternativas para que el costo sea accesible para las empresas.
En marzo pasado concluyó la consulta pública que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habilitó para recabar información para el diseño del proyecto de bases de la licitación IFT-12, a través de la cual planea colocar en el mercado bandas de frecuencia óptimas para 5G.
En dicho proceso, organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) hicieron ver al órgano regulador el impacto que tienen en la industria los altos costos del espectro que pravalecen en el mercado mexicano.
“Se requiere previamente una reducción significativa en las cuotas anuales del pago de derechos por uso del espectro de todas las bandas, antes de que el IFT planee licitar espectro adicional”, dijo el organismo.
A nivel de operadores, AT&T advirtió que en tanto no cambien las circunstancias relacionadas con los altos costos del espectro radioeléctrico, no estaría en condiciones de participar en una nueva licitación como la que planea realizar el IFT, ante lo cual garantizará la prestación de sus servicios y el despliegue de su red 5G con la bandas de frecuencia que ya posee.
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