La propuesta presentada por el IFT para cambiar las condiciones de cobro por el espectro radioeléctrico, recoge mucho de lo que han señalado diversos actores en el sector de las telecomunicaciones; es una ruta que “nos avanza fiscalmente y tiene como elemento novedoso que intenta esbozar un camino corto, una ruta fácil para encontrar una salida práctica al problema”.
Así lo consideró Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), al aclarar que de ninguna manera es un tema nuevo, pero con su estudio de mercado sobre los costos del espectro radioeléctrico para servicios móviles en México, donde reitera las rutas más eficientes para equilibrar el mercado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pone en el escenario “una voz que había estado insuficientemente presente”.
Y lo hace, además, de una forma novedosa, porque esboza una ruta fácil, general y simple, pues “si nos ponemos a tasar cada tecnología y cada banda del espectro con su precio específico, va a ser un trabajo de ingeniería económica que no nos va a dejar avanzar” y por el contrario, la propuesta del IFT de establecer un esquema de cobro progresivo que refleje las asimetrías existentes en la estructura de mercado, ofrece esa salida pronta y eficiente.
En entrevista con Consumo TIC, Ernesto Piedras recordó que los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están abrumados de trabajo y lo mismo tienen que atender temas de la industria del calzado, los tomates o la industria de las telecomunicaciones.
En ese sentido, ante la falta de tiempo para explicarles las especificidades de esta industria transversal, “hay que hacer esa tarea sencilla, accesible y creo que hacia allá se orienta el esfuerzo del IFT”.
Es claro que “no debemos aspirar a educar, ilustrar a un servidor público. No es que no tengan la capacidad, es que les abruma la cantidad de trabajo y por lo tanto, hay que hacerles la tarea de ingeniería económica, pero también la tarea fiscal”, porque a la estrategia nacional para la conectividad, le hace falta una política fiscal para la conectividad.
Debe entenderse que las telecomunicaciones son un sector medular para la operación de la economía en su conjunto. Con una política fiscal que propicie una competencia equilibrada y sana, este segmento se convierte en un facilitador sistémico del aparato económico en su conjunto, pues ayuda al desarrollo de todas las ramas de la industria y los servicios.
Tan vitales son las telecomunicaciones como infraestructura para el país, que se puede comparar con la industria eléctrica. Si se priva a México de su infraestructura eléctrica, se paralizaría. Lo mismo ocurriría si se priva al país de su conectividad y por eso llegó la hora de generar una política fiscal específica para el sector, con condiciones adecuadas a su realidad.
Las propuestas del IFT, presentan de una manera rápida y simple la realidad de la industria y “le hacen la tarea” a los tomadores de decisión. Esa es su virtud y si bien podría ir más allá, está en la ruta correcta para generar una política fiscal que respete las especificidades de las telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales, que garantizan la conectividad del país y por lo tanto se convierten en un motor transversal de la economía.
De acuerdo con datos del propio órgano regulador, en 2022 los servicios de telecomunicaciones móviles tuvieron una cobertura del 92.12 por ciento de la población nacional, con presencia en 2 mil 174 de los 2 mil 462 municipios del país; mientras que el servicio de acceso a Internet fijo solo estuvo disponible en mil 628 municipios.
En este sentido, los servicios de telecomunicaciones móviles han sido clave para cerrar la brecha digital en áreas rurales y remotas de México. Además, esta oferta también tiene una relevancia económica significativa para el país, pues no solo representa una parte sustancial de los ingresos del sector de telecomunicaciones en México, sino que también contribuye de manera destacada al PIB del país.
En 2022, los servicios de telecomunicaciones móviles representaron 58.21 por ciento de los ingresos de todo el sector de telecomunicaciones en México, el cual es uno de los 10 subsectores que más contribuyen desarrollo económico nacional y que representó, en el tercer trimestre de 2022, el 3.19 por ciento del PIB nacional.
Es en este contexto en el que el espectro radioeléctrico tiene una relevancia vital, pues es un insumo imprescindible para la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles a través de redes inalámbricas, ya que es el medio a través del cual se transmiten las señales de comunicación.
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles necesitan acceder a dicho insumo para poder operar sus redes y brindar servicios de comunicación móvil a los usuarios, en condiciones de cobertura, capacidad y calidad de servicio.
Sin embargo, refiere el estudio del IFT, diversos estudios realizados para México han diagnosticado que los derechos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico son altos en comparación con los que se establecen en otros países.
De hecho, en la mayoría de las bandas de frecuencias, el pago total por uso de espectro para servicios de telecomunicaciones móviles en México se encuentra entre 88 y 96 por ciento por encima de la mediana internacional.
En México, el uso de este recurso está conformado por dos componentes: pago inicial por adquirir espectro radioeléctrico (contraprestación pagada en licitaciones) y el pago anual de derechos.
El primer componente surge de los resultados de las licitaciones organizadas por el IFT, quien establece el valor mínimo de referencia, con opinión no vinculante de la SHCP; el segundo componente, es decir, los derechos anuales, se establecen en la Ley Federal de Derechos, a propuesta de la autoridad hacendaria y aprobados por el Congreso de la Unión a partir del paquete económico, que este año se revisará a más tardar el próximo 8 de septiembre.
La principal recomendación que el IFT pone sobre la mesa para 2024 es mantener los derechos en los niveles actuales para aquellos operadores que tengan participaciones de mercado superiores a 25 por ciento (escala mínima) y disminuir los derechos a los niveles de referencias internacionales para aquellos operadores que tengan una participación menor a ese umbral, lo que se significaría establecer un esquema de cobro progresivo que refleje las asimetrías existentes en la estructura de mercado.
C$T-GM
