Desde hace mucho tiempo es evidente que los costos del espectro radioeléctrico en México son sumamente altos con relación a los precios que ostentan diversos países, pero además, el encarecimiento de un insumo clave para la conectividad es inconsistente con lo previsto en la Constitución en materia del acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano.
“No es consistente que tengamos un alto costo de un insumo que se requiere para llevar conectividad, cuando en la Constitución está previsto como un derecho humano el acceso a las telecomunicaciones”, indicó Gabriel Contreras, vicepresidente Nacional de Telecomunicaciones de Canieti.
En declaraciones a ConsumoTIC, el ejecutivo coincidió con lo señalado por Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el sentido de que los altos costos del espectro radioeléctrico es un tema tan relevante que debe ser tomado como un asunto de Estado.
“Coincido completamente, la verdad es que el planteamiento que hace, se ha venido haciendo desde hace muchos años desde el regulador, es evidente que el costo del espectro en nuestro país es caro, si se le revisa respecto al costo en otros lugares del mundo”.
En el contexto de la LXVI asamblea general ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) celebrada el pasado 31 de marzo, Contreras dijo que es importante cambiar el enfoque pues sólo en la medida en que se pueda atender la problemática relacionada con los precios de dicho insumo, será posible llevar más servicios a la población.
“Decía el coordinador de estrategia digital y con toda razón, que la conectividad es un servicio básico en nuestro país, y obviamente no se puede prestar un servicio básico ni para toda la población si cuesta tanto dinero hacerlo, parece que el enfoque debe de cambiar y urge como dijo el presidente del instituto, no debemos esperar más, es un asunto de Estado y no puedo más que coincidir”.
Por su parte, Javier Juárez, presidente del IFT, sostuvo que si bien los altos costos del espectro radioeléctrico son un tema sobrediagnosticado, no es un asunto solamente de la Canieti o de la industria de las telecomunicaciones, es un asunto del país, porque es un tema de competitividad.
En ese sentido, dijo, el órgano regulador seguirá aportando los elementos de información que permitan al Ejecutivo y al Legislativo tomar decisiones informadas, siempre por supuesto en el marco constitucional y siendo respetuosos con cada autoridad. “Es un tema que no se debe posponer más y que insisto lo debemos de ver como un tema de Estado”.
“Lo que estamos haciendo para que las autoridades podamos tener mayor información, es también ver todas las externalidades que generan las telecomunicaciones, porque no es solamente el ingreso por los derechos, sino que cuando hay un escenario de mayor competencia en el sector, que hay más penetración de servicios, también crece la economía”.
Esto, sostuvo, se tiene que medir porque representaría para la hacienda pública un ingreso fiscal por otros conceptos como ISR e IVA, pero además existe el impacto directo que pueden tener las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas, por tener acceso a la conectividad.
“Es por eso que allegarnos de esos elementos, compartirlos con el Ejecutivo y el Legislativo, haría que tengamos la suficiente información para con eso tomar decisiones. Se tiene que medir, no sólo el impacto que tiene (los precios del espectro) el pago de derechos, sino las externalidades del sector”.
El espectro, explicó, tiene dos tipos de costo, el que pagan los operadores en las licitaciones, a través de los valores mínimos de referencia establecidos en función de qué tan competido es cada proceso, y el precio anual que se fija en la Ley Federal de Derechos.
“Incluso si quitáramos lo que se paga de contraprestación en una licitación y nada más nos quedamos con los pagos anuales, México ya sale de ese rango competitivo a nivel internacional”.
C$T-GM