Representantes de la industria de telecomunicaciones y el órgano regulador del sector coincidieron en la necesidad de garantizar el pleno Estado de Derecho, que genere certidumbre a las inversiones, que combata el clima de inseguridad, pero sobre todo establecer un precio competitivo del espectro radioeléctrico, pues su elevado costo no sólo está dañando el desarrollo del sector, sino también afectando los ingresos que debería recibir la Hacienda Pública.
“Ese espectro guardado, que está solamente en el Plan Nacional de Frecuencias, sin que se esté explotando a nadie le sirve… Nada más en la licitación IFT 10, 38 de 41 bloques se quedaron desiertos, por lo que el Estado va a dejar de percibir más de mil 300 millones de pesos al año, y por el espectro que han regresado (los operadores) estamos hablando de otros 4 mil 500 millones de pesos al año, por pago de derechos solamente”.
Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reconoció que si bien es cierto que en el Paquete Económico que estará vigente en 2023, en el presupuesto enviado al Congreso no hay un incremento en los costos por el pago de Derechos del espectro radioeléctrico, acción que aunque positiva, resulta insuficiente para contribuir a la competitividad del sector y dinamizar el desarrollo de tecnologías nacientes como la 5G.
“Si bien este año no se va a actualizar el pago de derechos anuales por motivo del espectro radioeléctrico y en términos reales podría implicar una disminución del costo del espectro para 2023, eso no es suficiente, porque las inversiones están buscando los mejores lugares, los que den mejores condiciones para invertir, mientras en México siga siendo caro (el espectro), no seremos tan competitivos, por decir lo menos”.
Al participar en el Ericsson Imagine Live 2022, aseguró que en los últimos años, antes que se entregue el paquete de egresos e ingresos de la Federación el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entrega a la Secretaría de Hacienda estudios amplios y detallados para fundamentar por qué el precio del espectro en México es muy alto, el dato más reciente muestra que está en más del 60 por ciento, respecto a la media internacional, algo que impacta los ingresos que recibe la Hacienda Pública, pero sobre todo que afecta el desarrollo del sector.
En su intervención habló también de la barrera adicional que representa para el despliegue de infraestructura los permisos y tarifas que se cobran en las instancias municipales, por lo cual se ha iniciado un acercamiento con las autoridades locales este año, acompañado por cámaras industriales y expertos, para dar visibilidad al tema.
Estado de Derecho y seguridad contra “cuotas” de grupos delincuenciales, pide CANIETI
Por su parte, Enrique Yamuni, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (CANIETI), al participar en el panel “5G y su impacto en la productividad”, aseveró que uno de los retos principales que enfrenta el sector es el Estado de Derecho, que a través de una ley federal fuerte que permita agilizar el despliegue de redes, pero aún más importante que a la industria se le garantice condiciones de seguridad pública.
“Necesitamos que exista un Estado de Derecho y que se respete, que haya un reforzamiento de la ley, que el IFT tenga poder para intervenir, tener una agilidad en el despliegue de redes y sobre todo porque son casi 2 mil 500 municipios, 32 estados, y el principal problemas es que la ley federal dice una cosa y algunos municipios la ignoran”.
Asimismo, expuso que el tema de la inseguridad en el país bloquea el avance de la instalación de infraestructura, lo que a su vez ha significado costos adicionales para todos los operadores, una situación que con la llegada de 5G, es relevante pues su despliegue exigirá un mayor número de torres, por ello es urgente atender este tema.
“Tenemos grandes incidencias de delincuencia, los grupos delincuenciales no dejan desplegar redes, piden derechos por trabajar, por desplegar, por tender fibra, por poner una torre y esto se va a multiplicar con 5G… o tenemos un Estado de Derecho o tenemos un Estado de Derecho… eso no existe, desafortunadamente en gran parte del país”.
Entrevistado en el marco del evento, Yamuni reconoció que hay disposición al diálogo por parte de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el tema se aborde desde el gobierno federal, ya que en muchas ocasiones han tenido que contratar patrullas armadas para que acompañen a las cuadrillas de trabajadores, lo que encarece los costos de operación.
“Tenemos a través del subsecretario Rogelio Jiménez Pons mesas de seguridad con la cámara, operadores y la Subsecretaría, para subir todos estos temas a la mesa de seguridad del gobierno federal, hemos tenido muy buena comunicación y reacción por parte del subsecretario y creo que vamos a avanzar”, afirmó el directivo para quien el acompañamiento de la Guardia Nacional también sumaría, porque “todo cabe en esto”.
C$T-EVP