Pese a que en los últimos cinco años, el IFT ha documentado y medido que el costo por el uso del espectro radioeléctrico para servicios móviles de telefonía e internet es muy alto con relación a las referencias internacionales, así como las consecuencias que esta situación genera en la efectiva inserción del país a la economía digital, una vez más, la autoridad hacendaria pasó por alto las recomendaciones técnicas del órgano regulador.
En junio pasado, el instituto presentó a la Secretaría de Hacienda seis propuestas de modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) para el ejercicio fiscal 2023 encaminadas a actualizar y revisar a la baja el monto de los derechos que están establecidos para diferentes bandas del espectro radioeléctrico, en particular las relacionadas con los servicios móviles; sin embargo, sólo una se incorporó en el anteproyecto entregado al Congreso de la Unión.
“Después de casi seis meses de trabajo e intercambio de información, la SHCP sólo integró una de las recomendaciones realizadas por el IFT, que tiene que ver con el artículo 245 de la Ley Federal de Derechos”, explicó Alejandro Naverrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico.
Una de las propuestas presentadas por el regulador, que no representaba un costo fiscal, era reducir los derechos de las bandas destinadas a servicios 5G que no se han asignado (Bandas L y de 600 MHz) a un 30 por ciento de su referencia internacional con el fin de promover el desarrollo y adopción de la tecnología 5G.
“Como no se han licitado y no se han asignado, hoy por hoy no pagan derechos y el Estado no recibe ingresos por bandas que no se han licitado y por lo tanto, si las baja no hay una merma en los ingresos fiscales porque no se han licitado, pero esto lamentablemente tampoco pudimos lograr que tuviera eco en esta propuesta y no transitó en lo que vimos que la Secretaría de Hacienda envió al Congreso”.
Asimismo, el instituto planteó reestructurar las cuotas de los derechos de las Bandas de 600 MHz y 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de Región Celular (artículos 244-H y 244-G de la LFD), propuesta que tampoco representaba un costo fiscal.
La propuesta del IFT estaba encaminada a realizar un rebalanceo que permitiera que el MHZ-POP o la cantidad a pagar por persona, se asociara a las ABS, con el fin de que en aquellas áreas económicamente más deprimidas, el costo por el uso del espectro fuera menor.
“El objetivo era incentivar la entrada de más participantes a las licitaciones de espectro radioeléctrico, que no necesariamente fueran las grandes empresas que participan generalmente por bloques a nivel nacional, sino también pequeños y medianos operadores que pudieran estar interesados en áreas más pequeñas y con derechos por el uso del espectro, deseablemente más bajos”.
Otra de las sugerencias era permitir un esquema de acreditamiento de nuevas inversiones para cobertura social (localidades actualmente sin servicio) contra el pago de derechos, así como eliminar el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico para las nuevas concesiones en las bandas de frecuencias de 800/850 MHz, PCS, AWS, 2.5 GHz y 3.5 GHz que se asignen mediante licitación pública, durante la vigencia de la concesión originalmente otorgada.
El IFT, a través de la Unidad de Espectro Radioeléctrico también propuso reducir las cuotas de derechos por el uso de bandas de frecuencias asignadas para servicios móviles al nivel de la referencia internacional.
“Lo que sí vimos es que en un transitorio de la ley, la SHCP está proponiendo que para las bandas de frecuencia asociadas a los servicios IMT, no se impacten con el incremento inflacionario. Es decir que la inflación que impacta transversalmente a los derechos que se encuentran en la ley, no impacten al menos para el año 2023, a estas bandas de frecuencia”.
Alejandro Naverrete dijo que aunque es de reconocer la sensibilidad de la SHCP por haber aceptado la recomendación de la modificación del artículo 245, en términos generales, en materia de espectro radioeléctrico, México está ante un círculo de “perder-perder”
“Pierde el usuario, porque no va a tener más servicios. Pierde el gobierno federal porque no va a poder tener más ingresos y pierde la industria porque no va a poder incrementar los servicios. Todas las partes involucradas pierden, no hay quien gane”.
El IFT, recordó, ha sido muy vocal en señalar el impacto y los riesgos que generan los altos precios del espectro radioeléctrico; de hecho, esta situación llevó a Telefónica a regresar este recurso, lo que representa una merma a los ingresos federales de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos anuales.
“Otro punto que dijimos, además de que van a devolver espectro, es se van a quedar desiertas las licitaciones, y esto ya también ocurrió, o sea es una crónica de una muerte anunciada. En la licitación pasada se dejaron de asignar 38 de 41 bloques y eso lo que está provocando es que también haya menos recursos para Hacienda”.
Esto sustenta la frase de que “el espectro que no se asigna es el peor utilizado del mundo”, pues además de que la propia autoridad hacendaria deja de percibir recursos derivados de las licitaciones públicas, se genera un fuerte impacto al desarrollo sectorial y de la economía en su conjunto.
“Estamos hablando de que más o menos mil 390 millones de pesos anuales que no se van a poder recaudar por el espectro que quedó desierto en la licitación IFT-10, es decir, de haberse asignado ese espectro habría mil 390 millones de pesos adicionales, pero no se van a poder recaudar porque no se pudo asignar el espectro”.
C$T-GM
