A sólo un par de meses de que el Poder Ejecutivo presente su propuesta de Paquete Económico 2024, que contiene la Ley Federal de Derechos, es momento de reflexionar sobre cómo se puede delinear un futuro digital más próspero a partir de una reforma que ya no puede esperar más: la reducción de los costos por el uso del espectro radioeléctrico.
“En México, los costos del espectro son 62 por ciento superiores a la media internacional, esto impacta tanto en el proceso de despliegue de redes como en la adopción de tecnologías como 5G y sobre todo en la capacidad que tiene la industria para invertir en el despliegue de redes, pero también en la calidad y el desarrollo local de los servicios que están asociados a las telecomunicaciones”.
Desde la perspectiva de Cindy Rayo Zapata, directora regional para México, Centroamérica y el Caribe para Asiet, los derechos que pagan los operadores al Estado mexicano por usar este recurso esencial para las telecomunicaciones, son tan altos, que modificar la visión recaudatoria no es más que un paso obligado si lo que se busca es avanzar hacia un escenario de desarrollo.
“Es importante que las autoridades tengan los datos duros de lo que significaría en términos económicos reducir los altos costos del espectro, para ser concretos: incremento en el PIB per cápita que está estimado en alrededor del 1.0 por ciento, 5 millones de conectados con cobertura 4G y en términos de incremento de la recaudación estamos hablando de alrededor de 15 mil millones de pesos”.
En septiembre próximo, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará el Paquete Económico 2024 al Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación.
Este proceso es sumamente relevante para la industria de las telecomunicaciones, la ciudadanía e incluso para el propio gobierno, pues es en la Ley Federal de Derechos, que se modifica cada año, donde se establecen los cánones en materia de espectro radioeléctrico.
Ante la nueva oportunidad que presenta para dar un golpe de timón, la directora regional de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), opina que es fundamental recordar que desde el inicio de la actual administración federal, se marcaron objetivos de gobierno relacionados con la conectividad y el desarrollo digital.
“Incluso fue parte de los 100 compromisos del presidente, en la agenda digital nacional y a través de otros programas insignia como Internet para Todos, donde el objetivo es alcanzar la cobertura universal en telecomunicaciones y garantizar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, y al internet de banda ancha, que incluso es un derecho que está garantizado en la Constitución”.
Es decir, el tema está en la agenda política, pero lo que falta es que el Ejecutivo Federal pase de un enfoque recaudatorio a una visión de desarrollo reconociendo que la disminución de los costos del espectro es crucial para lograr los objetivos sociales y económicos marcados.
“Si se ve desde un enfoque recaudatorio, está demostrado que los altos costos del espectro afectan las finanzas públicas porque esto implica menos derechos pagados por uso, más las devoluciones de este recurso por parte de los operadores, más los concursos que han quedado desiertos”.
Rayo Zapata dijo que dados los tiempos políticos que se avecinan de cara a las elecciones federales de 2024, es importante colocar en la discusión pública la importancia de que las políticas públicas en materia digital se diseñen con una visión de Estado, sobre todo ante un escenario de creciente adopción de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y el internet las cosas, entre otras.
“Ante todo esto será inevitable que las siguientes administraciones dejen de lado este tema, ya que cada vez más las empresas, los gobiernos, la sociedad, requieren de mayor conectividad. México no se puede quedar atrás en este proceso de transformación digital, sobre todo porque somos un país que está bastante integrado con otras regiones”.
Es así que alinear objetivos claros con las políticas regulatorias que contribuyan a facilitar el despliegue de infraestructura, las inversiones que fomenten el desarrollo de nuevas tecnologías y el diálogo público-privado, son pasos ineludibles.
“Se vienen tiempos interesantes, vamos a ver qué sucede en el próximo periodo de sesiones, también con el cambio de administración. Hay que estar muy pendientes de cómo ir trabajando y posicionando todas estas políticas que sean en beneficio de la sociedad, de la digitalización y la sociedad en general, y por supuesto también de la industria”.
C$T-GM