Para mejorar la conectividad de las familias en México, especialmente las de menores ingresos que proporcionalmente dedican más recursos al pago de servicios de comunicación, es necesario mejorar las condiciones del pago del espectro, condiciones de competencia y que las políticas públicas apoyen llevar servicios, ahí donde no es comercialmente viable, sin distorsionar los mercados.
Durante su presentación en el Encuentro virtual de Expertas TIC, organizado por 5G Américas, bajo el título “Conectividad en América Latina y el Caribe”, Lorely Ochoa Moncisvais, directora de Desarrollo de Telecomunicaciones y Radiodifusión del IFT, señaló que por cada 10 por ciento que crezca la penetración del internet, se observa un crecimiento en el PIB per cápita, que en el caso de América Latina corresponde a 1.96 puntos para internet fijo y 1.27 puntos para internet móvil.
Por otra parte, en el caso de México se observa una clara correlación entre el acceso a internet y el nivel de ingresos de las familias, aunque eso no supone necesariamente que la conectividad contribuya al bienestar económico de las personas.
Dicha correlación se mantiene más o menos en sus proporciones por región, donde es evidente la diferencia entre el sur y el centro-norte, por ejemplo, los ingresos trimestrales por familia en Chiapas, según el INEGI, son de 40 mil pesos, mientras la penetración del internet es menor al 40 por ciento.
En contraste, en la Ciudad de México, el ingreso trimestral por familia ronda los 90 mil pesos, mientras el acceso a internet alcanza 85 por ciento. En ese sentido, “está claro que podemos advertir tendencias de desarrollo económico y de conectividad en el Norte, versus el Sur que tiene otras condiciones”.
En su ponencia titulada “Focalización de la estrategia de conectividad en México”, Lorely Ochoa señaló que las desigualdades también se reflejan en el porcentaje del gasto que destinan proporcionalmente las familias al pago de los servicios de comunicación, el cual es muy superior en las familias de menores ingresos (el decil 1), contra lo que destinan las de mayor ingreso (decil 10).
Mientras las familias del decil 1 destinan aproximadamente 17 por ciento de sus ingresos para estar comunicados, para una familia del decil 10 la cifra desciende a 2.5 por ciento de sus ingresos. Esto es que, “para los deciles más pobres de la población, entra en conflicto estar conectado respecto a otras necesidades básicas e implica un esfuerzo muy grande”.
Los motivos de ello, explicó la funcionaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), han sido ya muy estudiados y se encuentran numerosos diagnósticos. Incluso, desde el punto de vista de las TIC como habilitadoras de derechos como el acceso a la libertad de expresión; a la libertad de reunión, al trabajo, a la salud, la educación y la vivienda, donde hoy los servicios de telecomunicaciones se han convertido en un diferenciador de la calidad de las viviendas.
En ese sentido, planteó tres temas centrales para resolver la situación y garantizar mayor conectividad para todas las personas, incluyendo una drástica caída en la proporción del gasto que deben hacer las familias menos favorecidas.
El primer tema es el espectro, cuyo costo es tan alto que el IFT lo ha identificado como una barrera para el desarrollo de la competencia y por ello –en el contexto de la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados—recomendó recientemente que se cambie la forma de cobrarlo:
Una parte variable en el pago, que se pague también un monto fijo anual y que cada operador pague el 1.0 por ciento de los ingresos de lo que obtiene por servicios móviles, además de disminuir el costo del espectro para 5G, que no sólo conectará a las personas, sino hará una gran diferencia en la industria.
Además, hay que reestructurar las cuotas de pago para el espectro dependiendo las regiones, sin descartar que eventuales nuevos jugadores tengan excepciones de pagos mientras se consolidan en el contexto de una sana competencia de mercado.
El segundo tema es el llamado “emparejamiento de la cancha”, es decir las reglas para evitar que el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), siga creciendo mientras sus competidores se contraen, porque “México tiene un nivel de concentración altísimo con respecto al resto del mundo”.
Para ello es necesario que la llamada regulación asimétrica alcance el objetivo de establecer condiciones de competencia pareja, donde se focalicen no solo las medidas en sí, sino su supervisión y verificación, sin dejar de reducir las barreras locales que, en ocasiones, impiden a los operadores desplegar infraestructura.
El tercer tema es el de las políticas públicas, que deben partir de una realidad: “es muy difícil que los operadores comerciales lleguen a zonas no rentables, donde suelen ubicarse los hogares de los deciles más bajos de la población que, como se dijo antes, gastan proporcionalmente mucho más por estar conectados”.
De ahí que se deben diseñar políticas públicas que ayuden a llevar cobertura desde un punto de vista social, pero sin dañar la neutralidad competitiva, es decir, que la intervención del Estado no genere distorsiones en los mercados, que entorpezcan la sana competencia de los operadores.
C$T-GM