Lograr que hacia el año 2030, prácticamente toda la población de América Latina y el Caribe esté cubierta por una red de banda ancha, y al menos el 80 por ciento sea a través de una última generación como 5G, requiere destinar en promedio poco más de 31 dólares per cápita al año, es decir, un esfuerzo de inversión superior a los 125 mil millones de dólares.
“El cumplimiento del escenario meta implica un gasto acumulado hasta 2030 de 125 mil 462 millones de dólares, lo que equivale en promedio a 31.2 dólares anuales per cápita. El esfuerzo de inversión para cumplir las metas es un 16 por ciento superior al del escenario de inversión tendencial”, se detalla en el informe “Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe: una perspectiva económico-financiera”.
El documento publicado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla que un escenario de metas consiste en asumir que la región contaría con una cobertura 4G en un 98 por ciento (99 por ciento incluyendo la tecnología satelital), mientras que con tecnología 5G y de FTTH representaría, respectivamente 81 por ciento y 65 por ciento de personas y hogares pasados.
Este escenario evidencia que los operadores de telecomunicaciones deberían realizar un esfuerzo extra; sin embargo, hoy en día no cuentan con las condiciones financieras, dadas las circunstancias actuales de los mercados y las economías locales y mundiales.
“La sostenibilidad financiera de la capacidad inversora de la industria de telecomunicaciones, así como la planificación estratégica de largo plazo de gobiernos, reguladores, organizaciones internacionales y operadores son fundamentales para el despliegue de infraestructura y cumplimiento de metas de conectividad y penetración de servicios de telecomunicaciones”.
La contribución económica del sector telecomunicaciones continúa siendo importante para los países latinoamericanos, especialmente en un contexto de recuperación económica y transición a modelos de desarrollo, trabajo y producción industrial basadas cada vez más en la transformación digital.
En la actualidad, los operadores de la región se enfrentan a un crecimiento importante del tráfico en sus redes, acompañado de una disminución progresiva de ingresos y registran márgenes de rentabilidad frágiles pero necesarios para financiar inversiones en infraestructura y tecnología.
“Cabe mencionar que los ingresos sectoriales vienen experimentando una caída relevante desde el año 2012, lo que refleja las dificultades en las que se encuentra la industria en la región”.
Sin embargo, el esfuerzo de inversión de operadores de telecomunicaciones ha sido considerable: Entre 2018 y 2021, se registró una inversión conjunta de aproximadamente 78 mil millones de dólares.
El crecimiento se interrumpió en el año 2020, debido a la crisis del COVID, cuando se registró un importante descenso del 18.2 por ciento en la inversión con respecto al año anterior.
“Para una correcta planeación del desarrollo de la conectividad se requiere definir los montos de inversión necesarios para alcanzar metas de cobertura regionales y por país en los siguientes años, así como estimar el esfuerzo de inversión adicional que se debería materializar en contraste con el escenario tendencial del sector bajo condiciones actuales de regulación, tributación e impulso de la inversión”.
En este contexto, sostiene el informe, es claro que los operadores de telecomunicaciones deberían realizar un esfuerzo extra que hoy en día no se encuentran en condiciones financieras de hacer dadas las circunstancias actuales de los mercados y las economías locales y mundiales.
“Para que ello sea posible, las condiciones de entorno en la región deberían necesariamente generar un marco facilitador de la inversión. Una de las medidas a incentivar es la de compartición de infraestructuras”.
Y es que, sostiene el informe, la investigación académica y de política pública ha demostrado teóricamente los beneficios económicos para operadores que comparten infraestructura en el caso de tecnologías legadas y avanzadas, tanto desde el punto de vista teórico como a partir de investigaciones empíricas.
De hecho, a nivel regional ya existen ejemplos exitosos de compartición de infraestructura que podrían expandirse a otros países, como el caso de Internet para Todos en Perú, o el régimen de compartición de infraestructura de Ecuador.
“Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben avanzar en la reglamentación de la compartición de infraestructura, sobre todo en lo referente a tecnologías inalámbricas dado que estas representan una contribución al cierre de la brecha digital rural”.
En adición a lo anterior, la experiencia internacional indica que el aceleramiento de la inversión en telecomunicaciones y el avance de la economía digital están condicionados por una modificación del marco tributario.
“Una política tributaria efectiva debe considerar una serie de factores a balancear, que incluyen las propias necesidades fiscales de los gobiernos, así como evitar ineficiencias y distorsiones que afecten negativamente al desempeño de los mercados”.
Al respecto, es importante recalcar que la carga tributaria actual en diferentes países de la región es muy elevada, especialmente en comparación con la carga tributaria en las economías más avanzadas digitalmente.
Por ejemplo, los países más desarrollados no suelen imponer tributos específicos a servicios móviles, ni aranceles a la importación de equipos o de teléfonos inteligentes. Por otra parte, la aplicación de tasas regulatorias suele limitarse a cubrir exclusivamente los costos asociados a la regulación.
“En resumen, América Latina y el Caribe cuenta con la posibilidad de finalizar la presente década cerrando la brecha de cobertura en la región, asegurando que prácticamente la totalidad de sus ciudadanos estén cubiertos por una red de banda ancha de alta calidad”.
Poder lograrlo pasa por un esfuerzo colectivo, donde las empresas invierten en el despliegue de redes y los gobiernos generan las condiciones adecuadas para ello. Solo de esta forma podrá la región tomar una posición de relevancia mundial en la revolución digital durante los próximos años, y dejar atrás una estructura económica primaria y básicamente vinculada a la producción en industrias de bajo valor agregado.
C$T-GM