Extorsión telefónica, segundo delito del fuero local más recurrente.
La base de datos con denuncias recibidas por extorsión telefónica en el número 089, a cargo del Centro Nacional de Información (CNI), es una valiosa herramienta que permite hacer frente a delitos como la extorsión telefónica, sin tener que recurrir a un registro de celulares que violaría derechos como el de la privacidad y la presunción de inocencia; además que tardaría años en implementarse sin garantía alguna de su eficacia.
Esta es la propuesta que la industria de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) presentó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos del Senado que analiza la minuta para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
En representación de Canieti, Ana de Saracho refirió que en diciembre de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la creación de una base de datos con denuncias recibidas por extorsión telefónica en el 089, y que está a cargo del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 13 meses (enero de 2019 a febrero de 2020), detalló la especialista,el 089 recibió 110 mil denuncias de algún tipo de extorsión; tan sólo en el mes de octubre de 2020, se recibieron 10 mil denuncias.
“La industria tuvo un acercamiento con el titular del CNI para entender cómo se utiliza esta base de datos, y se advierte una oportunidad para aprovechar este recurso. Los operadores realizaron un ejercicio de análisis con una muestra provista por el CNI de esta base de datos”.
Así, al analizar mil líneas reportadas al 089 con escenario de extorsión, se detectó que 94 por ciento eran líneas móviles, de las cuales 99 por ciento se encontraban en la modalidad prepago. Además, se detectó que 80 por ciento de estas líneas generó tráfico desde un penal (con coordenadas específicas). “Se encontró que 520 números de esa base son capaces de realizar 100 mil llamadas al mes”.
“Nuestra propuesta es que logremos una colaboración, que además ya se ha estado platicando con Consejería Jurídica, con la Secretaría de Seguridad, con el órgano dependiente de Prevención y Readaptación Social y el CNI, para que de manera constante y permanente, los números que entran a esta base de datos nos puedan ser comunicados para bloquearlos junto con todos los equipos terminales que han sido utilizados con los mismos”.
Este ejercicio, explicó Ana de Saracho, tardaría aproximadamente un mes en implementarse, lo cual significa un paso importante al considerar que crear un registro como el PANAUT llevaría alrededor de dos años y medio para tener verdaderos resultados, si es que los llegara a tener porque no hay garantía de que ello suceda.
Por su parte, Gabriel Székely dijo en representación de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que esta propuesta alternativa busca alcanzar el objetivo común de erradicar delitos como la extorsión y continuar colaborando con las autoridades en materia de seguridad pública.
“Se aprovecharía un sistema que ya existe, que es el 089 que recibe denuncias ciudadanas sobre probables número de extorsión. Los números con más de tres incidencias se integrarían a la base de datos para enviarse cada semana a los operadores que de inmediato analizarán y localizarán el comportamiento del tráfico, que será sujeto de estudio y los equipos que están ligados para confirmar que hay un comportamiento sospechoso”.
Con ello, los operadores enviarán una relación de todos los equipos y las SIMs asociadas con esos números para que la propia secretaría instruya el bloqueo inmediato mediante oficio y los operadores ejecuten ese bloqueo en 24 horas.
“La gran ventaja de esta metodología, que repito está ya acordada, es que tiene un blanco concreto hacia de dónde provienen los delitos y no meternos en un sistema que llevará una década construir con millones de dólares involucrados para poder contar con el registro biométrico y en donde insistimos no hay garantía de que va a funcionar”.
En la misma sesión, Mónica Guadalupe Chávez, representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) subrayó que las llamadas de extorsión constituyen el segundo delito del fuero local más recurrente del país, “este delito es cometido en 14 estados del país y la ganancia que deja a la delincuencia representa con datos del 2018, alrededor de 12 millones de pesos”.
La especialista expuso que los concesionarios de telefonía móvil y la industria en su conjunto tienen un largo historial de colaboración con las autoridades y la firme voluntad de trabajar coordinadamente para erradicar este tipo de delitos.
“Pero también es nuestro compromiso decir que la minuta que se encuentra a discusión no es la solución o al menos no en un tiempo de corto plazo, para dar los resultados efectivos”, enfatizó.
C$T-GM