Desconoce Sindicato condiciones laborales para nueva empresa
Llevar a cabo la separación funcional a la que está obligada Teléfonos de México (Telmex) por mandato del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tendrá un costo en la estructura de la nueva empresa, el cual podría ser transferido a las tarifas mayoristas que cobre a sus competidores, anticipó Jorge Bravo, especialista de Mediatelecom.
La postura del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) será que los trabajadores que sean ubicados en la nueva empresa, gocen de los mismos derechos y prestaciones que tenían anteriormente, lo que implicará la creación de un nuevo contrato colectivo de trabajo. «Tener empleados sindicalizados será un costo que necesariamente será transferido a las tarifas mayoristas».
Precisó que el emplazamiento es una acción normal y natural de una organización gremial que hasta el momento carece de información y desconoce qué pasará con los trabajadores, lo cual exige que la empresa dé un tipo de respuesta a estas interrogantes, situación que resulta pertinente porque dentro del plan de separación funcional entregado al IFT seguramente habrá un componente laboral o sindical.
«Hasta el momento desconoce (el sindicato) si habrá un nuevo contrato colectivo de trabajo, si habrá despidos o algún tipo de traslado y cómo impactará esto en los derechos laborales; me parece que busca presionar a ambas partes, tanto al regulador que considera que tomó una medida drástica, así como a la empresa para que dé algún tipo de respuesta o solución».
El especialista resaltó que fue el propio sindicato que logró introducir en la pasada Reforma de 2013, cláusulas para preservar los derechos de los trabajadores, «y lo que ocurre en este momento es que el Sindicato de Telefonistas tiene incertidumbre porque no sabe, no tiene información de como va a impactar en sus trabajadores la nueva separación funcional».
«Si todo queda igual, se tendrá que crear un nuevo contrato colectivo de trabajo con las mismas condiciones que actualmente prevalecen en Telmex, con la nueva empresa que surja de la separación funcional».
Lo cierto, añadió, es que con la separación funcional seguro habrá cambios, al tratarse de una nueva empresa, será otra estructura, cumplirá con una regulación distinta y más estricta a la que tiene actualmente Telmex y por lo tanto bajo esas condiciones tendrá que asumirlas la empresa con el sindicato, para definir los términos del contrato.
«El IFT debió de considerar este elemento que no es menor, que está en la Constitución y que de alguna manera se tienen que preservar los derechos de los trabajadores, no solo debió anticipar las condiciones de competencia, la compartición de infraestructura en el mercado, sino también el elemento humano y por supuesto la presencia de un sindicato en el sector de las telecomunicaciones».
Tal como quedó establecido en la reforma, las decisiones del órgano regulador no pueden suspenderse, esto podría llevar a un litigio de meses o incluso años, pero en todo caso se trata de una decisión relevante.
Jorge Bravo, discrepó de aquellas opiniones que hablan que la amenaza de huelga en realidad es una abierta amenaza de Telmex hacia el órgano regulador, «porque ninguna empresa desea tener un conflicto laboral, y menos con un sindicato de las dimensiones de los telefonistas.
Finalmente, no descartó la posibilidad de que el Sindicato de Telefonistas recurra a solicitar la solidaridad de otras organizaciones laborales, con lo cual el movimiento podría tomar dimensiones que llevaría a que la separación funcional de Telmex, escale hacia otros temas de los que no se tiene ningún control.
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