En el mundo actual donde todo pasa por el ciberespacio, debemos entender que nadie es inmune a sufrir ataques de la delincuencia, que por cierto cada vez es más sofisticada. Desde los datos personales que son el “nuevo oro” para la delincuencia, hasta la información de grandes organizaciones privadas y públicas e incluso los Estados Nacionales, todos somos vulnerables y por ello es urgente legislar en la materia.
Durante la presentación del libro “Seguridad nacional y ciberseguridad”, que compila textos de diferentes autores, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, habló de cómo los menores de edad pueden ser víctimas de redes de prostitución y trata en internet, porque “los malos, malos, malos están en el ciberespacio”.
Al presentar el libro en el auditorio Octavio Paz de la sede central del Senado de la República, la legisladora sostuvo que es urgente crear una legislación adecuada para lidiar con este problema, pero también es indispensable realizar una alfabetización para todos los sectores de la población, desde niños hasta adultos mayores, porque esta será “la primera barrera de defensa en materia de ciberseguridad”.
De manera autocrítica, dijo que si bien en la actual legislatura se han presentado algunas iniciativas para regular este tema, es necesario reconocer “que vamos muy atrasados” y por ello es urgente actuar desde el legislativo, si bien “la suerte aún no está echada, sino que hay que forjarla”, para lograr un esquema que permita garantizar la seguridad cibernética no sólo para los individuos y las empresas, sino incluso para las instituciones y el Estado en su conjunto.
A su vez, Nelly Montealergre Díaz, abogada y especialista en temas de seguridad, quien es una de las autoras del libro, advirtió que nadie está exento de ser víctima de la delincuencia cibernética y por eso es fundamental actuar a partir de la premisa de que nuestros datos son el nuevo valor que busca la delincuencia, la cual es cada vez más especializada y capaz.
Nadie es inmune a los ataques y por ello, es urgente establecer una legislación que atienda de manera eficaz el problema, al mismo tiempo que debemos construir una gobernanza para esos temas, que incluya no sólo a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también a la academia, los especialistas e incluso la iniciativa privada que, “debemos admitirlo, va a la vanguardia actualmente en estos temas”.
Coincidió que hace falta generar una nueva legislación adecuada a la dimensión del reto que, además de las características señaladas, tome en cuenta las experiencias de otros países (buenas y malas) y las soluciones que se han encontrado, pues si bien “cada quien debe diseñar su propio traje a la medida, si no jugamos en el tablero internacional de la ciberseguridad, nos vamos a quedar atrás”.
Como no es posible detener el avance tecnológico, lo que nos toca es generar los mejores mecanismos que seamos capaces para defendernos de la delincuencia cibernética, siempre a través de mecanismos de coordinación que incluyan a todas las partes, porque sólo así conseguiremos que sean eficientes.
En su oportunidad, Israel Acevedo Martínez, coordinador de la publicación y experto en temas de seguridad nacional y ciberseguridad, recordó que el avance de las tecnologías nos ha puesto ante nuevos escenarios que debemos atender, porque -coincidió con Olga Sánchez Cordero y Nelly Montealegre- nadie es inmune al riesgo.
Advirtió que es necesario pensar muy detenidamente (aunque con la prisa que amerita el avasallador avance de la tecnología), cómo vamos a estructurar la legislación que acordemos para enfrentar a la ciberdelincuencia, porque tal vez una Ley Federal de Ciberseguridad no sea suficiente, sino que más bien se deba crear una Ley General, donde queden muy claras las competencias de cada institución y, sobre todo, los mecanismos de coordinación.
Incluso, señaló que deberemos estudiar “si nos alcanza con una Ley”, ya sea federal o general para regular todo el tema de la ciberseguridad y la seguridad nacional o bien resulta necesario primero ajustar el artículo 73 de la Constitución, cuya fracción XVII establece que es facultad del Congreso de la Unión, “dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet…”, aunque no se menciona el tema de la ciberseguridad.
Y también podría requerirse algún ajuste en el artículo 21 constitucional, que establece las facultades de investigación de las diversas instituciones del Estado mexicano.
Se trata de un debate profundo que debe tomarse con la seriedad del caso y con la agilidad necesaria, porque estamos ante un desarrollo tecnológico nunca antes visto, que sin duda puede comprometer al Estado, no sólo en temas de seguridad pública, sino de seguridad nacional y por ello, es necesario que la legislación que se adopte sea la más adecuada.
C$T-GM
