Necesario construir marco jurídico contra ciberataques.
Debido a la falta de un marco legal que sancione rigurosamente los delitos cibernéticos, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con el mayor número de ataques y acceso ilícito a sistemas de información, que tan sólo en 2016 dejó como saldo más de 10 millones de víctimas, señaló la presidenta de la Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación de la Cámara de Diputados, Sofía González Torres.
Ante ello presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias para la adhesión de México al Convenio de Budapest y su Protocolo Adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa, con el propósito de enriquecer el marco jurídico en materia de ciberseguridad.
“Para hacer frente a este tipo de amenazas, es necesario que nuestro país redoble esfuerzos en la materia e implementar en lo inmediato una política de Estado sobre ciberseguridad para salvaguardar el espacio informático”, comentó.
Precisó que el Convenio de Budapest es el único existente relacionado con delitos cometidos a través de internet y sistemas de cómputo cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico uniforme con relación a las infracciones a ataques y acceso ilícito a sistemas de información, derechos de autor, fraudes informáticos, pornografía infantil y vulneraciones a la seguridad de las redes de datos.
El Protocolo Adicional, es complementario al Convenio de Budapest, respecto a la penalización de actos y conductas de naturaleza racista y xenofóbica cometidas a través del uso de sistemas de cómputo.
González Torres refirió que la firma del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido también como el “Convenio de Budapest”, debe ser la base fundamental sobre la que México inicie la construcción e incorporación de mecanismos de intercambio de información especializada en materia tecnológica, inteligencia y ciberseguridad.
De acuerdo con la lista de declaraciones del Convenio, detalló, el documento ha sido firmado por 59 Estados y ratificado por 55 países, entre ellos Canadá y Estados Unidos.
“Nos corresponde como legisladores fortalecer el marco legal que proteja a ciudadanos, instituciones e infraestructuras, a través de leyes y acuerdos que propicien también la firma de tratados internacionales”, subrayó.
La legisladora recordó que hace algunas semanas el mundo fue víctima y testigo de un ataque con alcance transcontinental conocido como ransomware que afectó a más de 100 países y al menos 500 organizaciones del mercado nacional, por lo que es urgente establecer un marco jurídico estricto que prevenga y sancione rigurosamente ese tipo de ilícitos.
Destacó el trabajo del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México de la Policía Federal, que desarrolla procesos de protección de infraestructuras críticas susceptibles de ser vulneradas por ataques informáticos.
Sin embargo, dijo, que de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los ataques cibernéticos en nuestro país constituyen un serio problema para la seguridad nacional, ya que no contamos con un Sistema Nacional de Hoja de Ruta para la seguridad en el ciberespacio.
La diputada federal enfatizó que el intercambio de información con socios regionales se debe dar en el marco de acuerdos establecidos y a través de canales diplomáticos e institucionales, para garantizar el diálogo, la cooperación y estabilidad nacional y regional.
C$T-EVP