En América Latina y el Caribe, donde los operadores de telecomunicaciones enfrentan el desafío de destinar grandes inversiones al despliegue de infraestructura digital, fuertes presiones regulatorias y un pronunciado estancamiento de sus ingresos, las denominadas Big Tech desarrollan con éxito y rentabilidad sus modelos de negocio, sin ser parte de los esfuerzos para fortalecer las redes sobre las que se basan sus servicios.
Es por ello que empresas afiliadas a la GSMA, como Telcel, Telefónica, Millicom, Digicel, Claro, entre otras, hicieron un llamado a quienes elaboran las políticas públicas para habilitar esquemas flexibles en los que todos los participantes del ecosistema digital puedan contribuir de manera equitativa (fair share) al despliegue de una infraestructura digital que será clave para el desarrollo económico y social.
“Las compañías Big Tech, grandes generadoras de tráfico, deben ser parte de la solución a este problema. Esta propuesta está alineada con pronunciamientos de otras regiones y de organismos internacionales”, detalló la GSMA en un comunicado.
Los operadores de telecomunicaciones sostienen que un mecanismo de contribución justa, basado en un mercado de dos lados, beneficiaría a todo el ecosistema: usuarios, Big Techs generadoras de tráfico, proveedores más pequeños de contenidos y aplicaciones y operadores de redes.
Este esquema también incentivaría un manejo más responsable y eficiente del tráfico de los datos, sin perjudicar la experiencia del usuario, incrementando la flexibilidad inversora de los operadores de telecomunicaciones y reduciendo el impacto ambiental.
“El enfoque de contribución justa es esencial para una política de conectividad consistente con los principios de eficiencia y equidad, que se encuentre a la altura de los desafíos de la nueva era digital. No se puede atender los desafíos del futuro con las reglas del pasado”.
La GSMA refirió que el consumo mensual de datos móviles en América Latina, actualmente de 11 GB por smartphone, se cuadruplicará a más de 40 GB para 2028; sin embargo, este aumento de la demanda no es la única prueba que enfrentarán las redes móviles.
En la actualidad, más de 230 millones de latinoamericanos y 22.8 millones de caribeños, aún no están en línea debido a la existencia de brechas de uso y cobertura, que tienen soluciones conocidas y dependen de políticas públicas como, por ejemplo, el desarrollo de incentivos a la demanda, la reducción de las cargas tributarias que enfrenta la industria de telecomunicaciones y el uso efectivo y eficiente de los Fondos de Servicio Universal.
Además, se debe enfrentar el reto de las inversiones necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías (como en 5G y fibra óptica) y la ampliación y mejora de la calidad de las redes existentes, estos recursos son esenciales para impulsar una transformación productiva que permita a las economías ser competitivas y facilitar la innovación.
“Sin embargo, no es evidente que los recursos necesarios para hacer frente a esas inversiones vayan a poder ser generados sólo por la industria de telecomunicaciones. Para garantizarla, se requieren nuevos esquemas que involucren a todos los stakeholders”.
La GSMA sostiene que debido al crecimiento del tráfico de datos, los costos de los operadores de redes aumentan año tras año, pero los ingresos llevan varios años estancados o en caída.
En contraste, un pequeño número de grandes empresas generadoras de la mayor parte de ese tráfico desarrollan con gran éxito y rentabilidad sus modelos de negocio, sin ser parte de los esfuerzos para fortalecer las redes sobre las que se basan sus servicios.
A esto se suman otras asimetrías como las regulatorias, impositivas, comerciales, así como la problemática de los altos costos por el uso del espectro. “En estas condiciones desiguales, el modelo de financiación de las redes de infraestructura no es sostenible ni escalable, lo que pone en peligro la capacidad de la región para aprovechar las oportunidades del mundo digital”.
C$T-GM