Necesario impulsar inversiones y competencia.
Especialistas, operadores y analistas de mercado coincidieron en la necesidad de establecer “un nuevo pacto digital” en el cual a partir de establecer una política fiscal integral, se den pasos firmes en materia de competencia, cumplimiento de la regulación, y compartición de infraestructura efectiva, elementos que en su conjunto permitan abatir los grandes desafíos que persisten en materia de brecha digital y transformación tecnológica de las empresas, en particular las de menor tamaño.
Para enfrentar estos desafíos, el Estado está obligado a generar un ambiente de competencia donde se cumpla la regulación, se creen condiciones óptimas para la inversión privada y el despliegue de infraestructura, y por qué no, donde pueda compartir ciertas responsabilidades, consciente de que siempre habrá un margen de la población a la cual la inclusión no le llegará vía el libre mercado.
En el contexto de la presentación del “Pacto digital” promovido por Telefónica México, se habló del rol de las empresas en la tarea de reducir la brecha digital, en el impulso de la transformación digital y el desarrollo de habilidades, siendo innovadoras y eficaces, para extender lo más que se pueda las fronteras de la digitalización y así lograr que el margen de desconectados en el país sea muy pequeño.
“Cumpliendo con este rol, las empresas se puedan sumar a las acciones del estado, a las acciones de los operadores sociales, y con esta complementariedad se pueda lograr el objetivo central que es la inclusión digital”, sostuvo Elena Estavillo, presidenta de Conectadas.
Nivelar el terreno de la competencia, no solo para el ámbito de las telecomunicaciones sino del ecosistema digital -que es mucho más amplio-, implica antes establecer una política integral para la conectividad que “abrace todo”, para eliminar las repetidas y “absurdas” discusiones que cada año se generan en torno al tema fiscal, sostuvo Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU)
“Cómo es posible que por un lado se pretenda abatir problemas de inclusión y por el otro se encarece el precio del espectro; mientras hablamos de la esencialidad de la conectividad, se mantiene un impuesto de lujo, el IEPS; ello podría resultar en una inconstitucionalidad fiscal, pues por un lado nuestro máximo documento, la Constitución nos habla de un derecho básico, pero por el otro se le tacha en un acto de desesperación tributaria”.
Por ello es indispensable una política integral para la conectividad que contemple educación, temas de medio ambiente, de equidad de género, de todo el amplio abanico de necesidades que guarda el país, precisó el especialista.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Estado, añadió, han dado muestras de ser buenos reguladores, pero este último no debe olvidar que su papel fundamental “es ser Estado, por lo que debe evitar caer en la tentación de intentar ser empresario”, donde abundan ejemplos de los fallos en los que ha incurrido.
Puesto el foco en las telecomunicaciones y en el cumplimiento de la normatividad, es imprescindible llevar a cabo una real compartición de infraestructura, pues en la historia de la humanidad son numerosos los ejemplos del beneficio que aporta a la economía en su conjunto, “por eso sólo hay una sola vía férrea y no se duplica la construcción de una autopista entre ciudades”.
Por su parte Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación y Mercado Mayorista de Telefónica, destacó la necesidad de reescribir las reglas a través de un Pacto Digital (con cinco pilares fundamentales) que permita reactivar la economía, apoyar al sector productivo en sus procesos de digitalización pero también contribuya a la inclusión digital de la población.
El ejecutivo resaltó como primer punto la preocupación del descenso de cinco escaños de México en el ranking mundial de Competitividad Digital, donde es prioritario sacar al país de entre las 10 naciones con menor competitividad y recuperar la posición que tenía, para lo cual se debe impulsar la digitalización de las Pymes y la administración pública, así como sectores industriales estratégicos, y mejorar los esquemas de las compras públicas.
“Telefónica en México está preparada para compartir estos desafíos y colaborar a superarlos. Waira, incubadora y fondo de inversión ha inyectado flujos de capital por 23 millones de euros para contribuir en los procesos de digitalización, así como en el desarrollo de un número importante de Pymes de las cuales, 63 por ciento ya pertenece a la cadena de valor de la empresa”, explicó.
En el plano gubernamental, la contribución ha estado dirigida al apoyo de proyectos de Big data Social book, que durante la pandemia han sido de gran utilidad, indicó.
Como segundo eje destacó la promoción de la “recualificación profesional y la formación de los trabajadores”, así como la necesidad de diseñar un nuevo modelo educativo digital, tareas en las cuales la operadora ya realizó tres proyectos con un impacto positivo para más de 380 mil niños y jóvenes.
Otro rubro relevante es la correlación estrecha entre la inversión y competencia, dos factores donde Telefónica de México propone la generación de condiciones para facilitar la llegada de flujos de capital, establecer un costo competitivo del espectro, eliminar las barreras en trámites y permisos municipales, así como la compartición efectiva de infraestructura.
Para Calderón, la competencia resulta prioritaria e imprescindible como única vía para implantar un “juego equilibrado” en el mercado de las telecomunicaciones y del ecosistema digital en su conjunto; además de la prioridad de repensar el tema de los impuestos y evitar la reconcentración del mercado de las telecomunicaciones.
Finalmente estableció como parte importante del Pacto Digital mejorar la confianza de los usuarios mediante un uso ético de la tecnología, elemento vital si se considera que durante los nueve meses de la pandemia, los ataques contra la ciberseguridad han ubicado a México como el segundo país con el mayor número de estos delitos contra negocios y un aumento de 73 por ciento de reportes relacionados con contenidos de explotación sexual de menores de edad.
“Estamos promoviendo un uso ético y abierto de los datos respetando la diversidad, tener una responsabilidad compartida de todos los intermediarios de todos los actores, incluso una carta de derechos digitales, combatir la desinformación y fomentar una cultura de ciber resistencia”.
C$T-EVP
