Necesario diseñar un marco de referencia.
Ante el avance tecnológico acelerado y una creciente migración a entornos digitales en los que la Inteligencia Artificial (IA) es un actor principal, México necesita establecer una política para el desarrollo y aplicación de esta tecnología en los servicios públicos, y no quedar relegado de la llamada “Cuarta Revolución Industrial”.
Un gobierno digital necesitará “una estrategia clara que conjunte distintas visiones y consideraciones para el desarrollo y uso responsable de la IA”, ya que esta tecnología asociada al manejo de grandes volúmenes de datos (big data) abre un nuevo escenario que está modificando todos los ámbitos de la vida humana, aseveró un grupo de investigadores.
En perspectiva del grupo formado por Gerardo Rodríguez Barba, encargado del Consorcio de Innovación y Desarrollo en Electrónica Aplicada en el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), y Arturo Sánchez Rodríguez, asesor parlamentario en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, el primer paso deberá ser promover los beneficios de la IA para el desarrollo de la gobernanza colaborativa, así como su uso ético, responsable y eficaz en las diferentes actividades de la administración pública.
En el corto plazo, plantearon, el sector público, academia y sector social, deberán encabezar la realización de un diagnóstico para conocer los procesos donde la IA puede empezar a influir para la mejora de los servicios.
La denominada segunda ola de la transformación digital, constituida por el uso de IA, la están aprovechando ya gobiernos, compañías, universidades y órganos civiles para optimizar su operación actual o generar nuevos modelos de interacción, lo que en consecuencia beneficia los niveles de vida y desarrollo de las personas.
Al mismo tiempo, alertaron en su análisis “Gobernanza, Gobierno y Servicios Públicos”, de la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial, los cambios en este mundo cada vez más digital conllevan riesgos de fallas o de usos no éticos.
Por ello, su propuesta es que el gobierno mexicano genere y ponga en marcha políticas públicas que lleven a la implementación eficiente y oportuna de la Inteligencia Artificial, con una estrategia clara que conjunte distintas visiones y consideraciones para su desarrollo y uso responsable.
La IA implica el gran reto de posicionarse a la vanguardia tecnológica, y su inclusión en México no puede mantenerse al margen, por ello “se recomienda la adopción del principio de obligatoriedad que señala que todo desarrollo de IA debe de estar basado en la legislación del escenario donde será implementado, creando así un enfoque “legal por diseño”.
Mientras consolida su tránsito hacia una transformación, proceso que debe iniciar en conjunto con la ciudadanía, la academia, sindicatos, la iniciativa privada y otros sectores, el gobierno debe valorar los variados campos de aplicación de la IA, que van desde el apoyo a la toma de decisiones hasta la salud, la seguridad y las aplicaciones militares.
“La gobernanza de IA debe considerar las cuatro dimensiones mencionadas: ética, normativa, técnica y social, en donde se regulen los derechos y responsabilidades del uso de los datos de los usuarios”.
Con esta tecnología se pueden mejorar los procesos de la administración pública, para alcanzar una gestión pública eficaz, inteligente y participativa alcanzando resultados satisfactorios, en menor tiempo y con el menor esfuerzo humano y económico, explicaron.
Los expertos identificaron cuatro competencias donde la IA puede ser utilizada por el gobierno: en análisis predictivo para mejorar los modelos de gestión; es decir, modelado de tendencias con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como para indicadores sobre tendencias sociales, modelos de análisis y predicción de epidemias.
Una segunda competencia sería la detección, por ejemplo, aplicada al tráfico anómalo en sistemas financieros y fraudes; en visión por computadora, podría ser útil para detectar armas, usar para el reconocimiento de placas y mejorar los servicios públicos en línea. En tanto, una cuarta competencia sería el procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, asistentes virtuales en las plataformas de gobierno, traducción de textos y generación de contenido.
“Para México no debe ser un paradigma en la administración pública incursionar en la IA, sino que es una fortaleza, presentar a la ciudadanía nuevas oportunidades de contacto y mejorar servicios públicos”.
Es importante, entonces, construir el primer marco de referencia en México que contribuya a traducir en recomendaciones prácticas los principios éticos de la IA para que el gobierno pueda estar listo a implementar esta tecnología de manera responsable.
C$T-GM
