Aunque la digitalización puede otorgar herramientas de utilidad para reducir las brechas existentes en los servicios de infraestructura en América Latina y el Caribe, contribuyendo con redes eléctricas o transportes inteligentes, se enfrentan importantes desafíos intersectoriales, técnicos, de gobernanza y de viabilidad financiera debido al impacto económico del COVID en la región, de acuerdo con el más reciente estudio de CAF.
En la presentación del reporte de Infraestructura en el desarrollo de América Latina (Ideal) 2021, titulado “El impacto de la digitalización para reducir brechas y mejorar los servicios de infraestructura”, Walter Cont, Ejecutivo Principal de la Dirección de Conocimiento Sectorial, del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, reconoció que la digitalización, “que antes era un sector ahora es un componente impulsor que está en prácticamente todos los sectores de la economía”.
Explicó que el informe está basado en cuatro bloques: Brechas en los servicios de infraestructura; la tecnología digital y su impacto en los sectores de infraestructura; COVID-19: aceleración de la digitalización e implicancias para los servicios, y Desafíos y oportunidades: inversiones, regulaciones y Políticas Públicas.
Las brechas de servicio en América Latina y el Caribe, destaca el texto, son una realidad en los distintos sectores de infraestructura. Si bien predominan las deficiencias en dimensiones puntuales, hay carencias básicas que aún no han sido resueltas y que generan déficit en la provisión de servicios esenciales como electricidad, transporte urbano o agua y saneamiento.
En este contexto, señaló el reporte, la digitalización puede otorgar herramientas de utilidad para reducir las brechas existentes, aunque también plantea otros riesgos y desafíos que deben afrontarse para aprovechar sus ventajas.
“Los avances tecnológicos deben darse de forma controlada y supervisada por las autoridades con la cooperación de todos los actores”.
El análisis de las brechas en los servicios de infraestructura, explicó Walter Cont, se hace en tres dimensiones: de acceso, de calidad y del costo, que se aplican a todos los usuarios. Las tres esferas están reconocidas tanto en las agendas sectoriales como también en la agenda mundial de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
De acuerdo con el análisis, focalizado en los sectores priorizados, energía eléctrica y transporte urbano de personas, si bien el servicio de electricidad no significa un desafío regional prioritario, al repasar la situación individual de los países sí se pueden observar disparidades.
“La cobertura en electricidad es prácticamente universal, excepto en áreas rurales en pocos países. La tarifa residencial es elevada en términos de ingreso per cápita”. Sin embargo, la calidad del servicio se encuentra muy alejada de los estándares de países avanzados.
En cuanto al transporte urbano de pasajeros, el documento advirtió que el transporte público masivo ha perdido participación en el reparto modal, con viajes que pueden llegar a exceder la hora y duplicar los tiempos en transporte privado.
El tiempo de caminata para acceder al servicio de autobús; el costo del servicio; asequibilidad; tiempo de viaje; frecuencia y nivel de ocupación son los indicadores que fueron considerados para el análisis de brechas de servicio en transporte urbano de pasajeros.
No obstante, Walter Cont destacó que se identificaron para las áreas de acción cinco grandes cambios: el surgimiento de nuevos agentes, nuevos roles o actividades, la disponibilidad de datos, convergencia de sectores, así como los efectos distributivos, ambientales y de seguridad. “Los cambios tecnológicos que se avecinan tienen el potencial de revolucionar los sectores de infraestructura”.
Además, subrayó que habrá que actualizar esquemas regulatorios, en especial políticas públicas en materia de ciberseguridad y bioseguridad, dos elementos importantes en un mundo interconectado.
“Una tarea clave del Estado en los sectores de infraestructura es la de supervisar que los entes reguladores presten la debida atención a los problemas de seguridad de los datos personales, de ciberseguridad y resiliencia de los distintos sistemas frente a ataques u otras eventualidades”, destaca el texto.
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