Buscan incidir en las agendas parlamentarias.
En un esfuerzo co-creativo entre legisladoras y legisladores, asesores parlamentarios, expertos del sector, académicos y la sociedad civil, coordinados por el Laboratorio en materia de Ciberseguridad para los Poderes Legislativos de la OEA, se aprobaron los “10 principios rectores para la ciberseguridad ciudadana”, que se espera impulsen la creación de políticas públicas, legislaciones y marcos normativos para afrontar los desafíos de la transformación digital.
“El principal objetivo de estos principios rectores es dotar de una herramienta coherente, rigurosa y estructurada, que les permita a los Estados garantizar una eficaz inclusión, alfabetización y universalización digital, así como, proveer a las personas de la mayor protección posible ante las graves amenazas y efectos dañinos que existen en el ciberespacio”.
En una conferencia virtual en la que se presentaron los lineamientos, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseveró que el presente y el futuro de las Américas demanda reconocer el papel facilitador que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan para identificar y resolver gran variedad de problemas, incluidos los democráticos, sociales, económicos y ambientales.
“Debemos ser conscientes de que identificar el peligro en el ciberespacio es sólo el comienzo, por cuanto la asignación que aún tenemos pendiente en nuestra región es tomar medidas y acciones concretas contra las amenazas y crímenes que afrontamos las personas, la sociedad y los gobiernos cuando nos conectamos a internet”.
Refirió que el Reporte de Ciberseguridad 2020 de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detectó que en 22 de los países analizados existen pocas capacidades para investigar los delitos que se cometen en el ciberespacio y son aún más escasas las posibilidades de que estos actos lleguen a un juicio.
Además se debe considerar que sólo cinco países se han adherido a la Convención de Budapest, un instrumento de ámbito global que busca facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen informático.
Tras recalcar que la importancia del trabajo colectivo en el ámbito de la ciberseguridad, Almagro subrayó que los 10 principios plantean prácticas y valores “que el ecosistema digital requiere para hacer más inclusivos, equitativos y universales los beneficios de la cuarta revolución industrial”.
En su momento, Víctor Bisonó Haza, ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, reconoció el incremento de los ciberataques en la región y el riesgo al que se exponen las Pymes, que en su país representan 98 por ciento del sector empresarial, sin una estrategia nacional integral de seguridad cibernética que ofrezca un ecosistema comercial más seguro.
“En la segunda mitad del 2020 hubo un crecimiento de amenazas sin precedentes; se registraron más de 158 millones de incidentes cibernéticos, de más de cuatro millardos en la región”, dijo.
En su momento, el senador Kenneth Pugh, de Chile, aseveró que la ciberseguridad comienza con la protección de los datos personales, que en esencia “es el alma de las personas y por eso es el primero de los derechos, y no sólo eso, es la primera propiedad privada. Los datos, los titulares, los dueños son las personas”.
Después, abundó, se requiere crear la confianza digital, e incluso también consideró que el siguiente paso de la OEA podría ser la gobernanza de la interoperabilidad de las Américas, con “una plataforma que dé certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, y de todos los dispositivos que están conectados”.
En el encuentro, Elizabeth Peña Jáuregui, especialista en telecomunicaciones, radiodifusión, regulación, políticas e inclusión, afirmó que los principios sientan las bases de una regulación dinámica y evolutiva.
Los 10 principios surgidos de reuniones de más de un año son: Resguardar y proteger los derechos y libertades individuales; Preservar la soberanía en la democracia digital; Consagrar la libertad de expresión y la privacidad por defecto en el ciberespacio; Impulsar una cultura de la ciberseguridad; Construir un entorno ciberseguro; Asegurar la privacidad de los datos.
Asimismo, establecer la responsabilidad compartida; Fortalecer el desarrollo de aptitudes y habilidades; Incorporar la educación para la vida en el ciberespacio; Involucrar al ciudadano en los procesos de creación de marcos normativos que impulsen la innovación y la transformación digital.
C$T-GM
