La lengua ha sido el principal elemento de exclusión para la población indígena en México, sumado a una ley federal discriminatoria que ha propiciado que de las más de 2 mil concesiones de radio que se han otorgado en los últimos 10 años, sólo 27 sean para radios indígenas, a lo cual se suma la falta de claridad en conceptos como radio pública y radio comunitaria, lo que dificulta aún más la buena aplicación de las políticas públicas.
Al participar en el foro “La población usuaria y las audiencias a 10 años de la Creación del IFT”, expertos en temas indígenas coincidieron que, a pesar de los avances falta mucho para que los derechos de los pueblos originarios se ejerzan en plenitud, debido a una serie de factores de exclusión que no se limitan a los aspectos meramente técnicos o de cobertura (que también juegan un papel importante), sino que abarcan la aplicación de la política pública.
En ese sentido, Alma Rosa Espíndola Galicia, encargada del despacho de la dirección general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), destacó que históricamente la lengua ha sido el principal elemento de exclusión en México, así como la falta de conocimiento específico sobre los grupos indígenas y sus respectivas lenguas.
Así, por ejemplo, señaló que en México 25 millones de personas se identifican a sí mismas como indígenas, pero la gran mayoría no habla alguna de las 68 lenguas indígenas que hay en el país.
De hecho, sólo 7.4 millones de personas las hablan y 810 personas son monolingües, es decir, no hablan español, idioma que por siglos ha sido empleado para difundir información para toda la sociedad, desde una política absolutamente excluyente.
Durante la mesa de trabajo titulada “Pueblos y comunidades indígenas ¿Cuál ha sido la labor del Instituto y otras instancias?”, que coordinó Eurídice Palma Salas, presidenta del Consejo Consultivo del IFT, Espíndola Galicia advirtió que México es un Estado nacional que pone por delante la lengua dominante (el español) y “deja a los demás rezagados”, aunque esto no es privativo de nuestro país, pues la propia ONU reconoce que en el mundo hay más de 7 mil lenguas y sólo 193 Estados nacionales.
Esto significa, según la propia ONU, que “algo andamos haciendo mal, porque en la lengua se contiene conocimiento ancestral” y cuando los Estados imponen una lengua por encima de otras, se pierde información valiosa que los pueblos han transmitido de generación en generación.
En el caso de México, además, se tiende a pensar que todos los grupos indígenas y sus hablantes, se concentran en zonas rurales sin conectividad, lo cual no necesariamente es cierto.
De hecho, el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas rurales, mientras el 48 por ciento restante, vive en áreas no rurales (la mayoría ciudades), con acceso a medios de comunicación comerciales que no recogen el punto de vista indígena.
Sobre los avances que se han realizado en los 10 años de operación el IFT para incluir a esta población, Jesús Coquis Romero, director de Regulación en Materia de Usuarios del IFT, aseguró que con el apoyo del INALI se han traducido numerosos materiales a varias lenguas indígenas e incluso existe un micrositio en la página del Instituto con amplia información sobre telecomunicaciones.
Y si bien el 80 por ciento de la población indígena tiene cobertura con 91 por ciento de las localidades con acceso; la realidad cambia cuando se hace un análisis más detallado. La tecnología 4G en esas localidades contaba con una cobertura de 37 por ciento en 2017 y para el 2021 subió a 62 por ciento, sin embargo, eso apunta a que prevalecen retos importantes en esta materia.
Sobre el tema de las radiodifusoras indígenas, reconoció que sólo hay 27 estaciones indígenas en el gran universo de las más de 2 mil concesiones otorgadas por el IFT desde el 2015 a la fecha.
A ese respecto, Aleida Calleja Gutiérrez, directora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), fue muy crítica al señalar que si bien el IFT ha realizado un esfuerzo por traducir diversos materiales a lenguas indígenas, los integrantes de estos grupos siguen más la tradición oral; “mejor hagan un podcast”, recomendó.
Dijo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sigue siendo un gran instrumento de discriminación, porque perpetúa un modelo basado en los intereses comerciales de los grandes grupos.
Es verdad que hay muchos avances, pues “hace 20 años cuando luchábamos porque los grupos indígenas tuvieran acceso a la radiodifusión se nos quedaban viendo con la actitud de ‘¡sí, cómo no!’ y ahora ya es una realidad”, pero tal como entonces hubo muchas resistencias, muchas de las cuales hoy prevalecen.
“Aunque hemos avanzado en la ley y en la política pública, algo pasa en la práctica administrativa que no hemos logrado acortar las brechas de acceso”, aseguró la directora del IMER.
Prevalece una gran desigualdad en la distribución del espectro, donde hay 300 concesiones de uso social (incluyendo emisoras religiosas), contra sólo 27 para radios indígenas, “lo que habla de la gran desigualdad en la distribución del acceso al espectro radioeléctrico”.
De ahí que recomendó revisar las políticas públicas y sobre todo su implementación, para reducir estas brechas, tomando en cuenta que el despliegue de tecnología y su accesibilidad para otras voces (como la voz indígena que es disonante porque históricamente ha estado reprimida), enriquece el pluralismo y la diversidad democrática.
Detalló que si en materia de radiodifusión «nos asustábamos por la concentración, esto palidece frente al caso del internet”. Por ello pidió no mirar a las radios indígenas en forma aislada como un elemento de derecho cultural, sino como un ejercicio habilitador de otros derechos para sectores históricamente vulnerables y que ayuden a disminuir las desigualdades.
Aleida Calleja señaló que es indispensable ajustar la legislación para hacerla pertinente respecto a los contenidos para las radios indígenas. Por ejemplo, existe actualmente un conflicto de la radio de Cuetzalan con el Tribunal Electoral, porque obligan a la radiodifusora a pasar los spots de los partidos políticos, cuando la comunidad se rige por usos y costumbres.
Otro caso, en Oaxaca, cuando el Partido Verde promovía electoralmente la pena de muerte, la comunidad “se fue contra la radiodifusora”, para reclamarle por qué alentaba a matar personas, cuando la responsabilidad era del partido político y del INE que obligaba a la radiodifusora a pasar esos spots.
C$T-GM