Héctor Arcadio Cámero Haro, director de Radio Tierra y Libertad, propuso la creación de un Fondo de Financiamiento para la Radiodifusión Comunitaria e Indígena con recursos públicos, para garantizar que estas emisoras cuenten con condiciones de operación dignas y, al mismo tiempo, mantengan su autonomía y espíritu crítico, porque “ningún gobierno que se precie de democrático necesita paleros, sino voces críticas que le ayuden a superarse y mejorar”.
Al participar en el Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas, convocado por la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), recordó que hace algunos años se hablaba de las tres “P” de las radios comunitarias: es decir, eran Pocas, Pequeñas y Pobres.
Hoy en día ya no son pocas, muchas ya no son pequeñas, pero en general la mayoría siguen siendo pobres y por eso se les debe apoyar. Incluso, el 1.0 por ciento de la publicidad gubernamental que según la ley se debe destinar a las radios comunitarias e indígenas, tiene que ampliarse porque hasta ahora ese recurso -cuando llega- no es suficiente ni equitativo y se ejerce sin transparencia.
De ahí la propuesta de crear el Fondo y, por otro lado, centralizar los recursos del 1.0 por ciento de publicidad oficial y regular su acceso, a fin de que las más de 170 radios comunitarias que existen, cuenten con posibilidades de mantenerse en condiciones dignas, pues “no podemos seguir elogiando la precariedad” entre estas instituciones, que son fundamentales para el desarrollo democrático.
El director de “Radio Tierra y Libertad”, dijo que esta propuesta se centra en el hecho de que no se puede limitar la democracia al momento de la votación para elegir gobernantes a los distintos cargos de elección popular, sino que se ejerce todos los días desde la radio comunitaria en la promoción de los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social y a la seguridad pública “tan escasa y en peligro para todos”.
En ese sentido, si las radios comunitarias tratan de promover todos estos derechos, en una democracia que responda a su propia definición de ser el gobierno del pueblo y para el pueblo, es justo que se financie a este tipo de esfuerzos, que se han multiplicado 9 veces en los últimos 20 años y que en realidad llevan a la comunicación a amplios sectores de la población que no son cubiertas por los medios de comunicación comerciales, los cuales –por cierto—difunden información que en muchas ocasiones no interesa y tampoco sirve a las comunidades.
Actualmente, dijo, se emplean recursos multimillonarios para financiar a los partidos políticos que ejercen oposición, porque emiten voces críticas contra las acciones del gobierno y aún son considerados como entes de interés público, para un solo momento cada tres años, que son las elecciones.
Por lo tanto, “no veo por qué no, se pueda considerar a las radios comunitarias a su vez como entes de interés público y otorgarles financiamiento público regular, aunque mantengan su voz crítica respecto al gobierno, pues ningún gobierno que se precie de democrático necesita paleros, sino voces críticas”, como lo son las radios comunitarias e indígenas.
Es necesario que estas emisoras cuenten con equipamiento tecnológico de calidad y personal capacitado para mantenerse en operación y prevalecer en el tiempo, dado que prestan un servicio que, por su propia naturaleza, no cubren la radio ni la televisión comercial.
De hecho, hay más de 170 radios comunitarias y sólo tres emisoras de televisión comunitaria, lo cual demuestra que se tiene que apoyar a estos esfuerzos para que crezcan y se consoliden porque el derecho a la comunicación es habilitador de otros derechos para la ciudadanía.
Reconoció que el IFT ha hecho exhortos para que las dependencias públicas cumplan con su obligación legal de destinar el 1.0 por ciento de sus recursos de publicidad a las emisoras comunitarias e indígenas, pero si ni las cámaras de Diputados y Senadores cumplen con esta obligación, es muy difícil que el resto de las dependencias lo hagan.
C$T-GM
