Relación prensa-gobierno debe cambiar.
La ausencia de una regulación efectiva relacionada con el gasto en publicidad oficial incentiva y protege prácticas que dañan la libertad de expresión y forman parte del caldo de cultivo de la corrupción en el país; por ello, la llamada «Ley Chayote» debe ser abrogada para dar paso a un proceso de legislación sin simulaciones a partir de la iniciativa ciudadana presentada por el colectivo Medios Libres, señaló Irene Levy.
La integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción recordó que los legisladores de la bancada que en la actualidad representan la mayoría en el Congreso de la Unión, son actores de una de las tres acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley General de Comunicación Social.
«Qué mejor oportunidad que tener ahora en sus manos la posibilidad de abrogar esta Ley Chayote y abrir un proceso sin simulaciones, de consulta abierta en donde se tome en cuenta como punto de partida el proyecto de ley que presenta el colectivo Medios Libres. En el comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción los apoyamos y creemos que este proyecto debe ser el punto de partida en el Congreso de la Unión para que México tenga finalmente una ley a la altura de un país que quiere salir del problema de la corrupción».
La especialista subrayó que cuando la asignación de presupuesto para publicidad oficial se realiza de manera arbitraria y opaca se ponen las bases para coartar la libertad de expresión a través de presiones e intervenciones en las líneas editoriales, lo cual potencializa el fenómeno de la corrupción de una manera grave.
«Lo que hizo el Congreso fue simular un proceso de consultas y de parlamento abierto, y aprobó en fast track el documento del partido que en ese momento tenía la mayoría sin tomar en cuenta varios de los dictámenes que estaban en el Congreso».
Por su parte, Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso destacó que México se encuentra ante la oportunidad de construir una ley potente que cambie una de las formas que han definido al poder en México como un ente autoritario y abusivo que ha sido particularmente implacable con los medios críticos.
«El presidente José López Portillo en 1982 acuñó esa frase de ‘yo no pago para que me peguen’, es decir, los recursos públicos son para que se les aplauda y no para la crítica; fue un mensaje claro de que había que portarse bien y que si se quería sobrevivir como periodista había que portarse bien».
El periodista recordó que en el año 2000, cuando se abrió una primera oportunidad de transición democrática en el país, muchos pensaron que era el escenario ideal para modificar la relación que la prensa llevaba con el poder; sin embargo, la clase política siguió comportándose de la misma manera castigando o premiando a los medios de comunicación.
«La ley es expresa en el principio de prohibir la utilización de la publicidad oficial como un mecanismo de censura, y aquí no se está inventando nada, es una parte de los principios fundamentales reconocidos en la Carta de Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y reconocidas formalmente por México desde hace décadas y que no hemos honrado».
C$T-GM
