Este mes asistí como invitado al Foro de Analistas de 5G Americas, evento organizado por esta asociación anualmente y que en esta edición destacó a Latinoamérica y el Caribe como una región que brinda oportunidades de crecimiento para la industria de las telecomunicaciones inalámbricas.
Sin embargo, esta posibilidad llama a la moderación más que al optimismo debido a las bajas expectativas de crecimiento económico en la región (1.5 por ciento en 2016-2018, según el BID) y la necesidad de cambio en materia de legislación y políticas públicas para permitir el crecimiento de redes móviles cuyo servicio principal serán los datos en lugar de la voz próximamente.
Es cierto que hay países de la región que han implementado políticas que deben mantener continuidad como las adjudicaciones de bandas de espectro para servicios móviles, pero también hay necesidades de cambio en aspectos como la regulación para infraestructura o cómo se gravan los teléfonos inteligentes.
El director de 5G Americas para América Latina y el Caribe, José Otero, mencionó durante la exposición de apertura del foro que la diversidad de países dentro de la región es un factor que no se puede minimizar a la hora de pensar cómo diseñar marcos legales y regulatorios, sobre todo con tendencias como el crecimiento de la penetración de Banda Ancha Móvil y servicios referidos dentro del “Internet de las Cosas” (IoT).
En este espacio destaco algunos de los temas principales del evento abordados en presentaciones y conversaciones con actores de la industria durante el foro.
Espectro radioeléctrico
La continuidad en la concesión de espectro para redes inalámbricas fue uno de los puntos de consenso. Esto permitirá incrementar la cobertura de tecnologías de Banda Ancha Móvil, notablemente Long Term Evolution (LTE).
Licitar espectro que no está siendo utilizado pero que está estandarizado internacionalmente es un aspecto deseable a nivel regional. Por ejemplo, México todavía no adjudica la banda 2.5 GHz, la cual ya está en uso en Brasil, Colombia y Chile y ha sido estratégica para la oferta de servicios de Banda Ancha Móvil.
También existe la necesidad de aprovechar capacidad remanente en bandas que han sido subastadas con anterioridad y dar continuidad a la limpieza de bandas como la de 700 MHz para poder brindar servicios de telecomunicaciones inalámbricas sin interferencias con servicios como televisión abierta.
En este aspecto hay avances desiguales a nivel regional y de momento sólo México y Puerto Rico han completado el apagón analógico.
Un elemento de cambio está en la oportunidad de mercados secundarios de espectro. En Chile, por ejemplo, uno de los concesionarios de la banda 1.7/2.1 GHz adjudicada en 2009 (VTR) anunció en 2014 que se convertiría en operador móvil virtual (OMV), por lo que el regulador de ese país lanzó una investigación sobre la utilización de ese espectro.
La posibilidad de transferir espectro mediante un mercado secundario reglamentado da la posibilidad de reasignar este recurso sin procesos licitatorios, aunque en estas transacciones se pueden establecer criterios regulatorios para asegurar que las frecuencias cambien de concesionario para ser utilizadas y respetar obligaciones en materia de cobertura, calidad y acceso.
En el mercado primario es importante contar con metodologías o argumentos claros que indiquen cómo una administración nacional establece un valor base del espectro previo a un proceso de adjudicación. Esto permitirá distanciarse de valores con base en objetivos recaudatorios que pueden elevar los precios del espectro, comprometiendo la inversión en el despliegue de las redes.
Reforma de marcos legales y políticas públicas
El espectro es un insumo clave para la industria de las telecomunicaciones inalámbricas, pero también son importantes las condiciones para el despliegue de infraestructura de red y la disponibilidad de dispositivos que habiliten la conectividad.
Es deseable que los marcos legales que nacieron en un contexto en el que el servicio de voz era el principal para las redes celulares se actualicen para reflejar las necesidades de un entorno en el que predominarán los servicios de datos.
Las empresas de telecomunicaciones que operan en varios países de la región deben cumplir con diversos códigos de gobiernos locales sobre temas como urbanismo para poder instalar infraestructura en distintas ciudades.
Esto puede generar una diversidad de conjuntos de reglas no sólo dentro de América Latina como región, sino al interior de cada país considerando gobiernos municipales o estatales.
Por esta razón es deseable encontrar esfuerzos para homologar o al menos formar directrices en común para que los gobiernos locales tengan reglas comunes para permitir desplegar nueva infraestructura o densificar la red con torres y sistemas de antenas.
Este tema es complejo por el grado de autoridad de un gobierno local con respecto al nacional, por lo que es un proceso que requerirá de cooperación para poder tener no sólo directrices, sino cambios a los códigos locales correspondientes.
Por otro lado, la manera en la que se gravan dispositivos que permiten el acceso a Internet por medios inalámbricos también es uno de los temas a considerar en procesos de reforma en materia de telecomunicaciones.
Si la población adopta incrementalmente los servicios de datos móviles a pesar de las disparidades en el ingreso, es momento de considerar si es adecuado tasar aparatos como smartphones o tabletas como artículos de lujo y si se puede incentivar una mayor inclusión digital reduciendo o eliminando tasas impositivas para reducir el precio de propiedad de las terminales.
Notas finales: Red Compartida e IoT
Aunque es un tema de México, la Red Compartida mayorista fue un proyecto que generó interés en analistas de Estados Unidos y América Latina en el foro. Existe coincidencia en que el principal desafío del proyecto está en la propuesta de negocio, pues en lo legal la constitución ordena que se lleve a cabo el proyecto.
La discusión ayudó a disipar versiones parciales sobre el proyecto, pues entre los clientes que busca no sólo están los OMV y operadores móviles, sino también los concesionarios fijos (nacionales y regionales), los proveedores de comunicaciones máquina a máquina (M2M) y el propio gobierno en aplicaciones como seguridad pública.
Este proyecto genera interés no sólo por las posibilidades de uso, sino por cómo estructuraría un consorcio ganador su plan de negocios en el entorno mexicano de las telecomunicaciones en donde hay cambios incentivados por modificaciones al marco legal.
Internet de las Cosas (IoT) fue un tema transversal en el evento, pero sin duda para el caso de los países latinoamericanos destacaron necesidades de adecuación al marco legal y la implementación eventual de soluciones IoT por los gobiernos en temas como ciudades inteligentes y servicios públicos.
Si bien el espectro disponible ya permite, por ejemplo, el uso de redes celulares para comunicaciones máquina a máquina (M2M), se requiere de reglas que permitan densificar las redes en términos de infraestructura, o de modernizar la infraestructura de transporte.
IoT también genera retos sobre todo en seguridad informática, eficiencia energética y el tratamiento de la información (sobre todos datos personales) recabados por el entorno IoT. Estos difícilmente se podrán generar unilateralmente, lo que abre espacios de cooperación entre industria, gobierno y usuarios.
C$T-EVP