Agilizar la inclusión de más personas al sistema financiero es posible con alternativas como la banca abierta; sin embargo, en América Latina y el Caribe aún existen pendientes para este modelo, como la compartición de datos, en identidad digital y generar la confianza en los usuarios respecto a la seguridad de los sistemas.
De acuerdo con la percepción de las Fintech de la región encuestadas para un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el primer semestre del año, en América Latina y el Caribe, 76.5 por ciento de las organizaciones financieras con sede en sus propios países no tienen una cultura de compartir datos con otras instituciones, refirió Bruno Diniz, director de FData Latinoamérica.
Entre las razones por las que no comparten información se señala la falta de apoyo regulatorio, la presión de los bancos, así como falta de incentivos financieros y ambigüedad legal, añadió el experto al hablar de los hallazgos del más reciente estudio realizado por el BID, FintecLAC y FData.
En el marco del Diálogo Regional de Política del Sector Bancario BankLAC: “Construyendo un sector bancario verde y digital: oportunidades y desafíos”, expuso que Brasil está liderando el camino del “Open Banking” hacia “Open Finance”, pero también están Colombia y Chile que están progresando en un marco regulatorio.
“En este momento se está produciendo un creciente movimiento de concienciación en la región, impulsado en gran medida por las asociaciones locales de Fintech y startups que operan con datos financieros en algunos países”.
No obstante, afirmó que uno de los retos es lograr una comprensión clara de los pros y los contras de las diferentes vías de estandarización e implementación, así como la comprensión de las leyes necesarias para sentar las bases, como las de privacidad de datos y tecnología financiera, que son clave para facilitar el camino a los reguladores y al ecosistema financiero de los países.
Asimismo, la coordinación de las múltiples partes interesadas en la creación de una infraestructura tan compleja requiere una gran experiencia sobre el tema y sobre cómo encajan algunas de las mejores prácticas mundiales en cada país.
Como riesgos mencionó las brechas en la privacidad de los datos, que se pueden abrir en los países donde no se cuente con regulaciones fuertes, ante lo cual es esencial crear sistemas de protección del consumidor y de responsabilidad; así como la ciberseguridad, que se da en un contexto con falta de marcos normativos y de estandarización.
México trabaja en identidad y seguridad
En México hay un camino avanzado, porque cuenta con un sistema de pago electrónico en tiempo real, SPEI, operado por el Banco Central; un sistema de identificación, la e.firma; una ley de Protección de Datos Personales, así como una Ley General de Mejora Regulatoria, aseguró Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“No tenemos que empezar de cero, lo que se debe hacer es ordenar las piezas de este rompecabezas, que ya hemos construido por muchos años, y armonizarlas para lograr una implementación de Open Banking; esto es crucial, tiene que ser estándar y accesible para todas las instituciones financieras y que también los usuarios puedan explotar”.
En la Ley Fintech se emitió una normativa secundaria que incluye API regulatorios para la publicación de datos que son públicos, no los financieros o transaccionales, y se cuenta con un sistema estandarizado de entrega de información de los regulados hacia la CNBV, pero reconoció que ahora se debe buscar cómo se compartirá la información entre instituciones y las Fintech.
Además, dos de los grandes retos son la identidad digital y la ciberseguridad; sobre la primera, destacó que se cuenta con la e.firma, el pasaporte o credencial para votar, pero “una debilidad es que no es única”, por lo que el siguiente paso es uniformar los mecanismos de identificación del cliente.
Por otro lado, se requiere establecer los principios generales que deben cumplir las instituciones en términos de ciberseguridad, pues se ha visto en México un incremento en fraudes contra las entidades y usuarios, un fenómeno global creciente a partir de la pandemia y contra el que se debe crear confianza en los usuarios de que su patrimonio está seguro.
“Se tienen muy avanzados los principios para hacer una normativa secundaria transversal para regular ciberseguridad; actualmente tenemos muchos principios para los bancos, principios muy similares para las instituciones de tecnología”, subrayó al participar en el panel “Open Finance en América Latina y el Caribe: Transformando el sector bancario”.
Buenrostro Sánchez recalcó que se pretende incentivar a las entidades, a fin de que reconozcan la vulnerabilidad que impone el mundo digital, así como contar con asignación de responsabilidades, para hacer una regulación clara, fácil de supervisar y, en caso de fallas, se pueda reconocer a los elementos débiles dentro del sistema.
“También se está trabajando en un esquema de cómo hacer la rendición de cuentas y cumplimiento en caso de que haya reclamaciones de errores y fraudes… En implementar derechos y obligaciones de las personas con respecto a su función, ya sea en las instituciones financieras o en otras que van a participar en este ecosistema de Open Banking y cómo van a usar los datos”.
Por otro lado, aseveró que la intención es que la banca abierta sea una oportunidad para que las personas que nunca han sido bancarizadas ingresen al sistema financiero, y “ahí es donde tenemos que reforzar”, en satisfacer las necesidades de los mexicanos.
C$T-GM