Cada día que pasa sin que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su obligación constitucional de proponer al Senado de la República los nombres de las candidatas a ocupar las tres vacantes que están abiertas en el Pleno del IFT, se consolida desde el Poder Ejecutivo un debilitamiento institucional que genera graves afectaciones al desarrollo socioeconómico del país.
“Estamos en un entorno en el que un poder puede debilitar a otro y los contrapesos no se activan con la velocidad que deberían darse y esto es algo que no se debe tener en un sector tan dinámico y de capital tan intensivo. Las afectaciones se están dando desde el día uno que el presidente decidió incumplir con su obligación de selección de candidatos”, sostuvo Michel Hernández, director general de Observatel.
Desde la perspectiva del especialista, aunado a que la omisión del Ejecutivo Federal incide en el ámbito competencial de este órgano regulador, al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas por la Constitución y por las leyes, la integración de un Pleno completo está siendo sujeta a la decisión presidencial.
“El simple hecho de que un órgano autónomo sea sujeto de ataques por otro poder, se le reduzca presupuesto año con año y se diga que gasta mucho sin dar mayor contexto, y que el presidente decida cuándo se integra o no, nos tiene en un escenario de debilidad institucional sumamente grave”.
Ante esta situación, en febrero pasado fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, un amparo promovido por Observatel para solicitar que el presidente López Obrador cumpla con su obligación constitucional en materia de nombramientos tanto del IFT como en el Pleno de la Cofece.
Sin embargo, dicha instancia decidió sobreseer el recurso interpuesto, pues el juez consideró que la asociación civil no cuenta con interés legítimo, argumentando que no existe una afectación real y directa a Observatel, con todo y que su objeto social es analizar políticas públicas e impulsar el derecho a la conectividad y la competencia económica.
“Para la asociación la visión del juzgado es algo limitada porque señala que Observatel no tiene interés porque no es un agente económico y lo que hace el IFT es regular agentes económicos, como si las decisiones del instituto y la Cofece únicamente afectaran a los agentes económicos”.
Ante la decisión del juez, la asociación promoverá un recurso de revisión con el cual lo único que se va a determinar es si el juez tenía razón o no en negarle el interés legítimo, “no va a resolver el fondo, no nos va a decir si la omisión afectó derechos o no”.
La determinación del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se da en un particular contexto: la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra del Ejecutivo por la falta de nombramientos de comisionados.
Este recurso reclama en esencia, lo mismo que el IFT presentó en su propia controversia constitucional promovida ante el máximo tribunal por la omisión del Ejecutivo Federal de proponer al Senado de la República a las candidatas a comisionadas, a partir de las listas que le fueron enviadas por el Comité de Evaluación.
En opinión de Michel Hernández, aunque el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat reconoce que existe una omisión del Ejecutivo, tiene un elemento sumamente cuestionable y riesgoso: Propone invalidar la selección de candidatos y que el Comité de Evaluación vuelva a hacer todo el proceso.
“El planteamiento de la ministra en el proyecto relacionado con la controversia promovida por Cofece genera una gran incertidumbre y muestra una falta de seriedad enorme en un procedimiento constitucional que desde mi perspectiva es inadmisible”.
Pero existe un elemento más para el análisis. En abril pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia respondió a Observatel, como parte del juicio de amparo que promovió la asociación, que las listas de candidatas a comisionadas del IFT enviadas por el Comité de Evaluación, carecen de validez debido a que fueron emitidas únicamente por dos de los tres miembros que deben integrar dicho grupo.
“Lo que se dice desde el Ejecutivo es no selecciono porque no reconozco la validez de las listas que ya me mandaron, es decir, lo que el presidente quiere son unas nuevas listas, para decirlo en términos coloquiales”.
Para el director general de Observatel, el curso que tome el análisis y resolución de la controversia constitucional promovida por la Cofece, será clave para el propio destino que tendrá el mismo tipo de recurso interpuesto por el IFT.
“Me parece que el curso que siga la controversia de Cofece, es muy probablemente el curso que seguirá la del IFT, porque en el fondo la omisión es la misma y lo que se tiene que reparar es lo mismo, es decir, la omisión del Ejecutivo”.
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