Acción de inconstitucionalidad protegería a la población.
La entrada en vigor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que hace obligatoria la entrega de datos personales y biométricos, abrió la discusión sobre qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse de una medida que, en opinión de especialistas, es violatoria de derechos humanos como el acceso a la comunicación y la privacidad.
En redes sociales es posible ver llamados a ejercer el derecho de amparo y
o exigir la actuación contundente de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que muestra el grado de inconformidad y preocupación que este registro causa entre la ciudadanía.
“Ya hay gente muy asustada pensando que mañana le pedirán sus biométricos para tener un celular y eso todavía no va a pasar. La reforma trae algunos plazos como los 180 días para que el IFT emita los lineamientos que nos digan cómo va a funcionar el padrón”, señala Michel Hernádez, abogado y especialista en telecomunicaciones.
Una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emita los lineamientos que establecen los mecanismos que se van a seguir para implementar esta medida, como por ejemplo, qué datos biométricos se solicitarán (huella dactilar, iris, voz, rostro), se tiene un plazo máximo de dos años para que los usuarios estén registrados.
“El amparo es un medio de acceso a la justicia que a pesar de que originalmente estuvo pensado para que fuera accesible a todos los ciudadanos, la realidad es que como cualquier otra materia, requiere de asesoría especializada y del acompañamiento de un abogado que conozca los plazos de amparo, la terminología y la forma de plantearlo”.
Es decir, no se trata sólo de descargar un formato e irlo a presentar al Poder Judicial, ya que los honorarios de abogados, despachos y asesorías son un tema que debe considerarse al pensar en un recurso de este tipo.
Eso no quiere decir que todo esté perdido, ya hay organizaciones trabajando en programas de acompañamiento, para las personas que quieran ejercer su derecho al amparo; sin embargo, se trata de una medida individual que sólo protege a quien inicie el procedimiento. “Tampoco podemos anticipar que los 86 millones de titulares de líneas se vayan a amparar”.
Recientemente se difundió el caso del ciudadano Óscar González Abundis, que obtuvo una suspensión provisional al solicitar el amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el padrón; sin embargo, esta medida sólo protege al quejoso.
Para Michel Hernández, existen otras alternativas que sí pueden generar una protección general como por ejemplo las acciones de inconstitucionalidad que podrían iniciar el INAI y la CNDH que tienen la facultad para abrir un proceso de este tipo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una de las misiones fundamentales del INAI es, justamente, proteger el derecho constitucional de protección a la privacidad; por su parte, la CNDH, lleva en su nombre la encomienda de defensa y protección de derechos humanos.
“Está muy bien pensar en el amparo y seguro que cada persona que tenga la posibilidad de sumarse lo hará porque es un derecho, pero como ciudadanos también podemos y debemos exigir a estas instituciones que ya tienen una vía, proteger a toda la población en general”.
¡Que no te sorprendan!
En este contexto, Michel Hernández destacó la necesidad de que la ciudadanía esté atenta a eventuales engaños relacionados con la exigencia de información personal y datos biométricos, «no va a faltar quien a título personal quiera pedir estos datos. No funciona así, todavía no se puede empezar a pedir esta información porque, insisto, todavía ni siquiera sabemos qué tipo de datos biométricos se deberán solicitar».
«Es muy importante darle claridad a los usuarios de que todavía no nos pueden pedir los datos de manera indiscriminada para dar acceso a una línea, y que para esto, si se llega a implementar, será seguido de una campaña, tanto de las autoridades, en este caso de la SCT, del IFT como de las empresas, que a partir de tal fecha se va a hacer, hasta en tanto eso no pase, nadie nos puede pedir todavía nuestros datos personales ni biométricos para tener una línea telefónica».
C$T-GM