Si bien el Comité Técnico de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones es un paso relevante para la industria, es fundamental evitar que este órgano de naturaleza consultiva y de apoyo al IFT, se convierta en una “Torre de Babel” sin resultados, por lo que garantizar una operación práctica, ejecutiva y realista es el primer gran desafío.
“El objetivo de este comité debería ser que sea práctico, ejecutivo y realista, porque sino se hablará de todo y de nada, y en qué va a terminar. Quien presida este grupo, tiene un reto gigantesco para simplemente lograr resultados, porque si no logran organizar esa Torre de Babel, puede inclusive cambiar el panorama de las telecomunicaciones en México”, aseguró Salomón Padilla, vicepresidente de la ATIM.
Y es que, desde la perspectiva del especialista, la existencia de más de 3 mil operadores de telecomunicaciones que entran en la denominación de pequeños, representa una enorme complejidad para la organización y coordinación al interior de un grupo conformado por empresas que enfrentan diversas realidades y temas de interés.
“Hay 3 mil o 4 mil pequeños operadores, cómo se va a hacer para atender las necesidades de cada uno. Imaginemos que se presente sólo el 20 por ciento de todos estos pequeños operadores en una sesión de Comité, ¿cuánto va a durar? ¿cuántos temas se van a poder tratar?”.
Es así que para el vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), el primer reto es sin duda, lograr una operación práctica y con objetivos realistas que permitan garantizar el origen de su creación, es decir, atender las necesidades, inquietudes, estrategias, prospectivas y propuestas de este sector.
Recientemente, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la expedición de las 40 Reglas del Comité Técnico de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, que están organizadas en cinco capítulos.
Ello, con el fin de definir, entre otros aspectos, su operación, las atribuciones de las personas integrantes, así como la implementación de manera inicial, de tres mesas de trabajo que se especializarán en: Regulación y mejora normativa en materia de telecomunicaciones, despliegue y compartición de infraestructura en telecomunicaciones, y atención a las necesidades de capacitación.
“Existen cinco capítulos, pero dentro de ellos, qué temas se pueden abordar porque resulta que cada uno tiene el propio y necesidades específicas. Esto es un tema de números y de practicidad, por eso digo que quien lo presida, tendrá un reto enorme porque no es el mismo reto del Comité 5G donde los temas son muy puntuales y que son menos participantes”.
Salomón Padilla reconoció que uno de los grandes avances que ha tenido la actual presidencia del IFT es la digitalización de trámites, por lo que otro reto a la vista es evitar que la “burocracia trepidante” llegue a este comité de pequeños operadores de telecomunicaciones y que incluso al interior, el mismo grupo sepa alejarse de prácticas que entorpecen los procesos.
“Las reglas son un poco complicadas, incluso lo he manifestado, no es nada nuevo. Integrar a tantos operadores dentro de un Comité va a ser una Torre de Babel y se va a tener que buscar la forma de generar consensos para poder avanzar porque son muy disímbolos unos de los otros, y se tendrá que generar un sistema para poder operar de una manera ejecutable”.
La creación del Comité Técnico de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones se inserta en la filosofía del IFT, que ha sido reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como un regulador de quinta generación, lo que significa que su marco regulatorio se basa en la integridad, inclusión y colaboración, tanto al interior de la entidad reguladora como con sus regulados, sociedad civil, y los diversos participantes del ecosistema digital.
Desde la visión del IFT, la operación de este grupo fortalecerá dicha distinción al generar una instancia de cooperación y colaboración con los pequeños operadores de telecomunicaciones, además de contribuir con el cumplimiento de su Hoja de Ruta 2022-2025.
Este documento establece, entre otros aspectos, la necesidad de revisar las regulaciones, el marco normativo y otras disposiciones existentes para que respondan a la evolución tecnológica y del ecosistema digital, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y basadas en los principios generales de buena regulación.
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