Esta semana inició con una jugada sibilina. El senador Ricardo Monreal apostó por “escuchar a todas las voces” y colocar en parlamento abierto su iniciativa que busca crear una nueva ley de cinematografía que tiene como principal característica la imposición de cuotas de contenido en plataformas digitales.
Aunque pareciera que el tema se retomará hasta el ejercicio de conversación pública prometido, hay acontecimientos que apuntan a una estrategia de contraataque para lograr el objetivo: beneficiar a Televisa, a través de Videocine.
Y es que el efecto de imponer cuotas de contenido, tiene el potencial de afectar, aún más, a los productores pequeños e independientes, pero también a las propias Over-The-Top que tendrán la necesidad de comprar contenido a Televisa, firma que tiene una clara ventaja como el mayor productor del país.
Sobra decir lo que esto significa para las audiencias en términos de un derecho básico: elegir lo que quiere ver.
¿Será el parlamento abierto una oportunidad para rediseñar un documento legislativo que, como lo señaló la Secretaría de Gobernación en una opinión técnica, responde en buena parte del articulado propuesto, “a las necesidades y aspiraciones de una parte del sector cinematográfico, pero excluye los argumentos y propuestas de otros”?
No necesariamente. Y aquí es donde entra un dato importante. Dos días antes de que Ricardo Monreal anunciara su propuesta de parlamento abierto y cuando todo estaba dispuesto para la dictaminación, el productor Epigmenio Ibarra hizo pública una postura que dio un vuelco a las cosas.
“Nuestro país puede y debe convertirse en el principal productor de series en español en el mundo. Es vital @MorenaSenadores revisar aspectos de la ley que se dictaminará en el @senadomexicano este lunes que pueden desalentar el desarrollo de esta nueva industria”, escribió Ibarra en su cuenta de Twitter.
Es de sabios corregir y más aún, evitar una desavenencia con uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿La salida? Enfriar las cosas, prometer parlamento abierto, “escuchar a todos” y, al final, dejar todo en su estado original. ¿Recuerda usted la simulación del parlamento en torno al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil?
El apoyo de Epigmenio Ibarra a los pequeños y productores independientes fue claro. Quizá sea ese el motivo por el que organizaciones como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que preside Mónica Lozano, reprocharan en pronunciamiento público a Ricardo Monreal, haberle dado parte del crédito en su decisión de llevar la iniciativa al parlamento abierto.
Pero en este tablero, hay más piezas moviéndose tras bambalinas y a la espera del momento indicado. Ejemplo de ello, es la nada fortuita alta del senador José Alejandro Peña Villa, como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República. Con la reciente llegada del legislador se elimina una posibilidad: un eventual empate al momento de votar la iniciativa.
Pero en la Cámara de Diputados, también hay río revuelto. En noviembre de 2020, escribí en este espacio sobre una iniciativa presentada por el diputado Sergio Mayer que, a través de diversas modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), busca gravar dispositivos y soportes de almacenamiento, reproducción y duplicación de contenidos audiovisuales.
Bueno, pues la propuesta del legislador, que implica serios riesgos para el mercado, va en contra de compromisos internacionales asumidos por México, se opone a la inclusión digital y es contraria a la promesa de no más impuestos, será discutida para su aprobación hoy jueves 29 de abril.
Con ello, se quedaría más que bien con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y de pasada, se reúne el apoyo necesario de ese gremio para cuando se necesite; es decir, en el siguiente periodo de sesiones.
Bien dicen que en política nada es casualidad.
C$T-GM
