En un contexto político en el que se cuestiona la operación de organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional Electoral (INE), se hace necesaria la participación activa de la sociedad civil en su conjunto y de la academia para defender las funciones y sobre todo, la autonomía de estos entes.
Al manifestar su preocupación por la permanencia de instituciones como el INE y el IFT, Eréndira Salgado Ledezma, docente e investigadora de la Universidad Anáhuac, hizo un llamado a fortalecer a ambas instancias, toda vez que cuentan con el mejor diseño dentro del Estado desde el punto de vista orgánico y administrativo.
“Debemos fortalecer y defender la presencia de entes como el INE, IFT y el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) que nos permiten expresarnos más allá de estas verdades, de estos ‘otros datos’ o datos alternativos que al final representan una sola postura de comunicación”, sostuvo.
Durante su participación en la primera mesa denominada Retos de la comunicación política el poder y la autonomía de las instituciones para la calidad de la democracia y la deliberación, reiteró que esta defensa es importante, toda vez que en la medida en la que no se defienda el trabajo de estos organismos, se perdería deliberación democrática en estos espacios.
“Creo que es muy importante que todos participemos más activamente y desde nuestro modesto espacio de la academia, fortalecer a estas instituciones para evitar volver al Estado que ya tuvimos con un nuevo modelo o regresar al modelo revolucionario populista”, sostuvo la catedrática.
En el contexto del Foro «Retos del Derecho a la Información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia», como parte de la celebración por los 20 años de la AMEDI, destacó que aunque hay compromisos internacionales que impedirían la desaparición de las instancias referidas, advirtió muchas presiones de diversos grupos de poder, derivadas del cambio de modelo en la presente administración, donde no caben en este proyecto los entes reguladores.
Enfática, subrayó no estar de acuerdo con todas las acciones que se llevan a cabo por los grupos de poder, entre los cuales incluye al Ejecutivo, quien es el primero que desde un foro divide al país en dos grupos, lo cual polariza y exacerba la situación actual en diversos ámbitos.
Salgado Ledezma esgrimió algunas razones por las que se debe luchar por la permanencia de los reguladores, como acotar al Ejecutivo en decisiones sobre áreas político-económicas de trascendencia que tal vez se rechazan porque sus resoluciones no son compatibles con un proyecto actual mayoritario.
“A estos entes se les delega un tramo de las funciones de control como regulación administrativa que se excluye del poder político porque no todas las decisiones estatales deben tomarse por las mayorías por las que votamos”, afirmó.
En opinión de la especialista, algunas áreas y materias requieren decisiones técnicas especializadas por expertos calificados por los que no se vota y así lo establece la Constitución; por eso no pueden ser modificadas, salvo por reforma constitucional.
Mencionó que los funcionarios de estos órganos requieren un alto grado de especialización en la gestión, de ahí la necesidad de que tengan un salario remunerado para que no sean cooptados por la industria a la que van a regular.
“Estos profesionales deben observar neutralidad ante influencias internas y externas de índole política-económica respecto a la decisión que tomen de forma colegiada. A diferencia del Ejecutivo, que busca agradar a los electores, los reguladores no buscan agradar ni a la industria ni al área regulada”, expuso.
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