Para cerrar la brecha digital que prevalece en América Latina, se requieren inversiones del orden de 68 mil millones de dólares, que deberán ir acompañadas de regulación que propicie la compartición de infraestructura, que los Estados dejen de ver al espectro radioeléctrico como una fuente de recaudación fiscal, mejorar la asequibilidad a los teléfonos inteligentes, realizar campañas de alfabetización digital y garantizar contenidos relevantes en la red.
Especialistas reunidos en la videoconferencia previa al “Primer encuentro por la inclusión digital en América Latina” organizada por Telefónica Movistar Hispam, (evento que se realizará el 7 de noviembre en Perú) coincidieron en que si bien cada país tiene sus retos, hay puntos en común, especialmente la necesidad de contar con esquemas regulatorios para compartir las inversiones en infraestructura, pues de lo contrario no se podrá alcanzar una conectividad generalizada.
Al respecto, Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA, señaló que para abordar la brecha digital en la región, el primer paso es entenderla y en ese sentido, un reciente estudio levantado por GSMA, reveló que en América Latina 62 por ciento de los habitantes son usuarios de internet móvil y el 7.0 por ciento no tiene cobertura de banda ancha móvil.
Pero quizá más relevante que la brecha de cobertura, es la brecha de uso, pues 31 por ciento de la población vive en zonas con cobertura, pero no se conectan y las tres barreras son la asequibilidad (los smartphones siguen siendo caros y en algunos países las políticas fiscales los consideran como bienes de lujo); la falta de habilidades digitales de la población (hace falta mucha alfabetización digital) y la falta de contenidos relevantes para incentivar el uso.
Al mismo tiempo, América Latina enfrenta un reto económico importante, pues a decir de Aitor Ezcurra Unda, director de Negocios de BID Invest, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo, para cerrar la brecha digital en la región, se requerirían 68 mil millones de dólares. “si cada empresa, operador y jugador en la cadena de digitalización trabaja por su cuenta, nunca vamos a llegar”.
Para lograrlo, hace falta que los órganos reguladores de cada país establezcan un marco legal donde se permita compartir la infraestructura y realizar inversiones de manera conjunta.
Si bien, recordó que “la problemática de la conectividad no pasa sólo por la inversión en infraestructura; hace falta reforzar la accesibilidad de dispositivos y trabajar en la alfabetización digital. De nada sirve tener una buena señal si la gente no tiene smartphones, que además sean baratos y los sepan usar”.
Dijo que BID Invest trabaja con el sector privado, mientras el BID lo hace con los Estados, para promover las inversiones en infraestructura de torres, despliegue de fibra óptica, pago de espectro, despliegue de cable submarino y financiamiento para la integración entre países además del financiamiento para mejorar el acceso del consumidor final a smartphones, aunque recordó que estás inversiones son detonantes de crecimiento, pues por cada 10 por ciento de incremento en la penetración de banda ancha, el PIB de un país puede incrementarse hasta en 3.2 por ciento.
Respecto a las posibilidades que brindan los esquemas de colaboración, Teresa María Gomes de Almeida, directora general de Internet para Todos Perú, señaló que precisamente gracias a una regulación ad hoc, se ha logrado llevar el internet a 3.3 millones de peruanos residentes en 17 mil localidades, a través de 2 mil 200 antenas 4G colocadas con inversión del Estado y que pueden ser compartidas por todos los operadores del país.
Si bien se calcula que todavía hacen falta conectar 2.7 millones de personas, es evidente que el camino de compartir las inversiones y la infraestructura es el correcto, pues las empresas no tienen que hacer esas enormes inversiones que históricamente han frenado el despliegue en zonas rurales y alejadas de los países de la región.
A su vez, Mario Coronado Barriga, director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispam, señaló que el principal reto para la inclusión es lograr que esquemas de trabajo público-privado permitan agilizar el despliegue.
Es necesario un entorno regulatorio adecuado que permita las innovaciones y para ello es necesario que los Estados dejen de ver al espectro radioeléctrico como una fuente de ingresos fiscales y lo entiendan como una herramienta de crecimiento.
Además, hace falta la alfabetización digital para que el uso de la tecnología se convierta en un elemento de inclusión laboral. “Así como el bolígrafo fue en su momento un adelanto tecnológico importante y después perdió relevancia como tal, ante las enormes posibilidades de escribir con él cosas relevantes; las herramientas digitales de hoy y del futuro, deben perder relevancia como adelantos, porque lo importante será lo que las personas puedan hacer con ellas”.
De ahí la necesidad de darle alfabetización digital a la población y, por supuesto, garantizar acceso a los dispositivos, pues, cuando vino la pandemia, se vio que los hogares estaban conectados, pero sólo tenían un dispositivo y por lo tanto en una familia con cuatro integrantes, tres se quedaban sin posibilidad de trabajar o de estudiar, aunque técnicamente el hogar estuviera conectado.
C$T-GM
